Legisladores rechazan ley comunitaria punitiva

Asambleístas indicaron que ante la propuesta de dirigentes indígenas sobre implementar la castración orgánica a violadores y la amputación de la mano a los ladrones, este proceder es anticonstitucional y para realizar tal acto se tendría que modificar la Constitución Política del Estado (CPE).

Esta solicitud, para el diputado oficialista Javier Zavaleta, es contraria a la nueva Constitución, y al contrario, quienes promueven este castigo serían sancionados por la ley.

“A partir de la aprobación de la nueva CPE se prohíbe la pena corporal bajo cualquier circunstancia, aún en los más grandes delitos no se puede incorporar este castigo; entonces, las personas que promuevan o ejecuten penas corporales son pasibles y pueden ser privados de libertad por daños a terceros”, manifestó.

“Yo creo que nuestra constitución establece claramente que la pena máxima son 30 años. La única forma de poder incorporar este tema es modificando la Constitución, y para modificarla hay que hacer una ley previa y un referéndum”, indicó el diputado de Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro.

El malku de justicia dl Consejo Nacional de Markas y Allyus del Qullasuyu (Conamaq), Carmelo Titirico, indicó que la inseguridad ciudadana tendría que ser solucionada enmarcándose en la justicia comunitaria, que dice que al violador se lo castiga con castración y al ladrón con amputación.

“Hemos visto a los delincuentes y violadores que están en la cárcel, salen nuevamente y delinquen en las calles, y las cárceles son un gasto para el Estado, porque no hay una sanción severa, ejemplarizadora, por lo tanto nosotros creemos que esto es viable, así podemos disminuir la delincuencia”, dijo.