Docentes y autoridades asumirán su defensa ante denuncias de Contraloría

Los 367 docentes y autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) citados por la Contraloría deben asumir su defensa personal, por el cobro de supuestos sobre sueldos, confirmó a EL DIARIO la rectora de esta institución, Teresa Rescala.

Los docentes notificados, dijo, solicitaron una ampliación para la entrega de sus descargos ante la Contraloría General de Estado. A la fecha se realiza la contratación de abogados de forma grupal o individual, con la finalidad de encarar su defensa, en el marco de los principios de la Autonomía Universitaria, misma que está incluida en el artículo 92 de la propia Constitución Política de Estado (CPE).

“En base a la Carta Magna, se prepara la defensa de cada uno de los casos, con el respaldo de las resoluciones legalizadas, como establece la auditoría de la Contraloría; sin embargo, la defensa jurídica es asumida voluntariamente, por cada uno de los notificados, con recursos propios y no institucionales”, aclaró Rescala.

Una publicación del 27 de octubre de El DIARIO dio a conocer que entre las gestiones 2006 y 2009, la Contraloría observó que 367 docentes y administrativos percibían supuestos sobre sueldos, por encima de lo que percibe el presidente Evo Morales, de acuerdo con el “Informe Especial de Nominas de las Gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009; Nº GL/EP14/A10 R1 del 13 de diciembre del 2011.

La Contraloría observó supuestos sobresueldos superiores a $us 25.000, que presuntamente se habrían percibido en los cuatro años observados, entre los que encuentran por ejemplo: Luis Morales Escóbar con $us 60.577,33; Gustavo Michel García con $us 48.310,49; David Castillo Quispe con $us 40.03,12 y Máximo Bairon Castrillo con $us 38.846.

Rescala señaló que dichos pagos se realizaron en el ámbito de la absoluta justicia y respeto a la norma del propio estatuto orgánico del sistema de la universidad boliviana. “No asumimos que exista deuda realmente, pero la Contraloría con las notificaciones ha definido este tema como una responsabilidad individual, es por eso que no podemos responder institucionalmente”, explicó Rescala.

Asimismo indicó que las autoridades y administrativos involucrados en la responsabilidad civil de haber permitido la entrega de dichos pagos, también asumirán su defensa de manera particular.

Rescala aclaró que el propio Ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, fue quien autorizó que la regularización de la escala salarial en el sistema universitario se inicie a partir del 2009. “Este tema no era ajeno para esta autoridad por haber sido docente de la UMSA; además, mensualmente se enviaba la planilla presupuestaria, por lo que si existía desacuerdo con el Plan Operativo Anual (POA) y las planillas presupuestarias, porque permitieron y avalaron mediante el desembolso mensual, aspecto que establecería que la UMSA no incumplió la norma”, manifestó.

Rescala indicó que el informe de la Contraloría es una clara intervención a la Autonomía Universitaria y una falta de respeto a la propia Carta Magna.

El artículo 92 de la CPE establece: “Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía consiste en la libre administración de sus recursos; el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo; la elaboración y aprobación de sus estatutos (…)”.