Una consulta inconsulta

Parece que estamos, como llevados por el hocico, discutiendo de bueyes perdidos. Los estrategas del gobierno se las arreglaron, como de costumbre, para llevar el debate al lado que les conviene. Para eso están. Y seguramente ganan bien y están satisfechos, aunque los resultados de las maniobras que conciben, por sus consecuencias, no sean siempre los mejores. Sobre todo para el país.

Ese parece el caso de la discusión sobre el proyecto de ley de Extinción del Dominio de Bienes, cuyos propósitos nobles nadie discute. Nadie que no tenga nada que esconder puede objetar que se castigue el enriquecimiento ilícito. Sobre todo porque narcotráfico y contrabando son los negocios de mayor crecimiento, porque son los de mayor rentabilidad. Y la corrupción hace que de nuevos ricos está cada vez más llena esta viña del Señor, que para la mayoría es aún valle de lágrimas en el que el vivir bien es nomás un sueño.

En los Yungas, por ejemplo, hay desarrollo alternativo a la inversa y a nadie se le mueve un pelo. La creciente producción de coca está eliminando paulatinamente a la de café y cítricos, otrora sostén económico de esa región. La subvención a las gasolinas, para seguir con los ejemplos del absurdo, puede interpretarse como una más justa distribución de los dineros del Estado entre la gente, pero ese sacrificio que nos cuesta a todos beneficia más que a nadie a los proveedores de gasolina barata de los países vecinos. Se decomisa autos chutos en Challapata, incluso con apoyo militar, pero el comercio informal y las ferias de ropa usada proliferan en todos los rincones del país y son sólo botón de muestra.

En ese escenario es ocioso discutir los fines nobles que justifican el proyecto. Llevar el debate a ese terreno es, por eso, un solapado intento de desviar el análisis de fondo, que en realidad tiene que ver con principios y valores.

Cuando de legislar se trata, el fin no puede justificar los medios. Cualquier norma, para que sea efectiva, debe ser legítima, además de legal. En su redacción y en su aplicación, que impone obligaciones bajo sanciones severas, se debe respetar todos los derechos. Entre ellos, los de presunción de inocencia y derecho a juicio justo.

Eso de “tiene razón, pero marche preso”, es nomás expresión total de autoritarismo burdo. Implantar sanciones por vía administrativa cuando existen canales judiciales es ilógico. Pero sobre todo peligroso porque es sabido cómo funciona. Más allá de los argumentos prácticos, como el de los choferes que rechazan la posibilidad de que se les confisque sus vehículos porque no aceptan hacerse responsables del contenido de la carga que transportan, la razón de fondo es, pues, de principios.