Cusi nuevamente se rehúsa a asistir a comisión legislativa

El magistrado Gualberto Cusi no asistió a la convocatoria de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados para rendir cuentas sobre las declaraciones que dio sobre la justicia y su relación con el Gobierno. El oficialismo analiza sanciones por desobediencia a la autoridad y asegura que la nota que la autoridad envió, firmada por su secretaria, no tiene asidero legal.

“Mandó una nota con su secretaria, que no se identificó y sólo dijo que tiene conocimiento extraoficial de que su jefe habría viajado a Chile, a una conferencia y que tampoco estará en el país del 21 al 29 de noviembre como si quisiera que no lo volviéramos a convocar”, señaló la diputada por Convergencia Nacional (CN), Norma Piérola.

Para el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rodolfo Calle, la nota enviada no tiene valor legal porque la secretaria de Cusi, no es la representante legal de la autoridad.

“Se tendrá que asumir una medida legal, porque estamos dentro de nuestras atribuciones, según la Constitución Política del Estado (CPE), que la Asamblea Legislativa puede controlar a los órganos y autoridades. Se tendría que analizar un proceso por desobediencia a la autoridad”, señaló.

Finalmente, el diputado Juan Carlos Cejas (MAS), indicó que el magistrado Gualberto Cusi, tendrá un plazo de 72 horas a partir de la una notificación que emitirá la Comisión correspondiente, para que pueda acreditar su ausencia. Posteriormente se fijará nueva fecha y hora para la convocatoria de la Petición de Informe Oral (PIO).

La petición de informe pide a Cusi explicar por qué atribuyó al presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Héctor Arce (MAS), y a la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, haber presionado para que un fallo del Tribunal Constitucional avale la realización de la consulta en el Tipnis y luego sugerir a los pueblos originarios acudir a instancias internacionales por la vulneración a sus derechos al no respetarse el fallo 300 del TCP sobre la constitucionalidad de la Ley 222 de consulta.