Lima.- Los delegados de 30 países que participaron en Lima en la Conferencia Internacional sobre Desarrollo Alternativo (ICAD) acordaron ayer proponer la creación de un fondo que garantice la continuidad de los programas de desarrollo alternativo a los cultivos ilícitos de hoja de coca.
Al término de la cita, celebrada desde el jueves en la sede de la Comunidad Andina (CAN), casi un centenar de expertos y delegados antidrogas, así como representantes de 13 organismos internacionales, suscribieron una declaración que recoge los principios sobre los que debe regirse el desarrollo alternativo, informó Efe.
La presidenta de la estatal Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Carmen Masías, destacó que el encuentro ha sido “un paso enorme en el aprendizaje de prácticas para que el desarrollo alternativo libere al mundo del flagelo de actividades no legales”.
“Se ha llegado a un consenso entre todas las naciones en la Declaración de Lima, sobre los principios del desarrollo alternativo. Fueron jornadas de arduo trabajo y de aprendizaje”, comentó Masías a la agencia estatal Andina.
La funcionaria dijo que la Declaración sobre Desarrollo Alternativo recoge como “un compromiso global” los principios de respeto al medioambiente, a los derechos humanos y al desarrollo sostenible.
Los participantes plantearon que el fondo también podría utilizarse para hacer frente a eventuales situaciones de emergencia que pudieran afectar a los programas alternativos.
En la declaración se reiteró la necesidad de fortalecer las instituciones públicas para reforzar las estrategias y programas de lucha contra la producción y fabricación de drogas ilícitas.
Los participantes también se comprometieron a velar porque los programas de fiscalización de drogas se ejecuten de manera integral y equilibrada para evitar que los cultivos ilícitos se desplacen internamente o de un país a otro.
Además, acordaron reforzar el apoyo técnico y el intercambio de conocimientos especializados, así como apoyar las políticas que propicien la cooperación con entidades financieras internacionales.
La declaración planteó el desarrollo de programas a largo plazo que brinden oportunidades para luchar contra la pobreza, diversificar los medios de vida, promover el desarrollo y fortalecer el estado de derecho.
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