Residentes potosinos piden acudir al Censo en su departamento para no perder ingresos

A sólo cuatro días del Censo Nacional de Población y Vivienda, de este 21 de noviembre, los conflictos suman y las amenazas sobre este proceso parecen enturbiar la labor del Estado. Las demandas incumplidas, los conflictos territoriales y las demandas por inconstitucionalidad serán coyuntura hasta media semana, pero otra agenda mayor comenzará a partir del anuncio de resultados.

Potosí es el departamento que cuenta con menos crecimiento poblacional en relación al eje troncal del país y ante esta situación las proyecciones sobre distribución de recursos, además de la mantención de curules dentro de la Asamblea Legislativa, estaría en riesgo.

El representante de la brigada departamental cívica de residentes potosinos en la ciudad de La Paz, Gonzalo Barrientos, pidió que todos los oriundos de la Villa Imperial se dirijan al departamento para hacerse censar en sus hogares y así contribuir a su región.

En caso de que los resultados del Censo verifiquen que Potosí disminuyó su población podría perder recursos, aunque es claro que las regalías del Tesoro General de la Nación subieron para este departamento en relación al anterior proceso censal e incluso desde 2005.

“No aceptamos que después del censo se nos recorte ni un centavo. Potosí es el segundo departamento en exportación y el último en desarrollo económico y humano, hay sectores que viven en la extrema pobreza y el Gobierno se ha comprometido a eliminar la extrema pobreza hasta 2025”, dijo.

Según Barrientos, la visión de los potosinos apunta a convertir los recursos naturales del departamento en fábricas y así generar empleos y dejar la migración hacia otros departamentos.

En cuanto a la distribución de curules dentro de la Asamblea Legislativa, el censo dará la pauta para que los departamentos sumen o restes escaños. En el caso de Potosí, podría perder de uno a dos curules de los 14 que posee y Santa Cruz, dado su crecimiento poblacional debería asumir mayor representación de los 25 diputados que tiene ahora.

La ciudad de La Paz también tendrá resultados positivos, en el caso de redistribución de participación tributaria, pues el crecimiento de la ciudad de El Alto le permitirá recibir mayores recursos. La urbe alteña es la más interesada en que el censo se desarrolle lo antes posible y desde 2011 vienen anunciando medidas de presión, incluyendo sus críticas al segundo mandatario, con un revocatorio incluido.

El Gobierno, a través de todas sus representaciones, salió a descalificar las últimas movilizaciones contra el censo, pues la mayoría aluden a los conflictos de límites, tal es el caso de Colomi y Oruro que se movilizaron ayer con el saldo de decenas de personas contusas.

El sector del autotransporte y los gremialistas también anunciaron medidas de presión, aunque por el momento existe un cuarto intermedio en las movilizaciones.

Otro factor es el legal, pues existe un Amparo Constitucional que presentó el Consejo Nacional de Allyus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) por considerar que no se han incluido a las 14 naciones de Tierras Altas en la pregunta 29 de autoidentificación.

El vicepresidente Álvaro García Linera reiteró que la Asamblea Legislativa trabajará en la Ley de Unidades Territoriales, hasta la primera quincena de diciembre y explicó que el censo no resuelve temas de límites, sólo brinda parámetros para la planificación de un decenio en base al acopio de datos que sean obtenidos.

Por su lado, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Adolfo Mendoza, diferenció los temas de límites de la realización del censo. “Son dos figuras totalmente distintas, el Censo es de Población y Vivienda no es un censo territorial y menos tiene que ver con los límites, son dos cosas distintas”, dijo sin descartar que existan móviles políticos detrás de las movilizaciones.

En este panorama previo y los anuncios de medidas posteriores al censo, el Gobierno dice tener todo listo para el verificativo de este miércoles 21 de noviembre, y por el momento se descarta cualquier posibilidad de suspender o paralizar el trabajo, que cuenta con un financiamiento de 50 millones de dólares.