El disfraz de nuevos impuestos

Consiste en que las facturas de combustibles de transporte sólo tendrán crédito fiscal de 70% como descargo para el pago del IVA. El argumento esgrimido es que por ese medio se recuperará una parte de la crecida subvención del Fisco a dicho insumo de enorme consumo. En apariencia se trata de una medida general, pero la realidad es que nuevamente “los justos pagarán por los pecadores”. Es decir que los afectados serán las personas que tienen algún vehículo para no depender del deficiente servicio público y no quienes lucran con el transporte, vale decir los titulares del transporte urbano, interprovincial e interdepartamental (flotas), verdaderos beneficiarios de la subvención. De igual manera afectará a los agricultores en gran escala, en especial del Oriente.

Sencillamente porque el transporte público se ampara en un régimen impositivo especial, de suerte que sólo tributan trimestralmente, pero al descargarse con facturas de gasolina o diesel, de repuestos y otros no llegan a tributar. En tales circunstancias se trata de un impuesto nominal, pero no real, al margen de otros medios ilícitos como las facturas falsificadas, en algunos casos.

La primera reacción ha sido precisamente de los transportistas. Uno de sus dirigentes amenazó con una elevación del 30% en el costo de los pasajes en general a título de “compensación”. Su afirmación era otra “viveza” para beneficiarse y descargar el peso en los hombros de la población, en la que recae en último término toda medida económica.

La decisión del Gobierno apenas paliará algo más del 5% de la subvención, con una recaudación calculada de $US. 56 millones, que el 2013 le hará erogar $US. 1060 millones. Es que el parque de motorizados creció desmesuradamente al calor de la venia para regularizar miles de coches “chutos” que, pese a la pregonada “por última vez”, siguen trasponiendo la frontera con Chile sin controles efectivos.

También se creará otro impuesto destinado al fondo solidario de vejez, que muy pronto solventará la renta de vejez a favor de quienes en su vida útil no aportaron, debiendo hacerlo por ellos quienes perciben sueldos, ingresos o rentas mensuales de Bs.13.000 o más. De lejos la jubilación para los no aportantes será una medida electoralista. Si en el país -como sucede en todo el mundo- toda actividad económica grande, mediada o pequeña tributara, no habría necesidad de gravar a los sectores formales y cumplidores de la ley, a los que se hostiga para “sacar las castañas del fuego”, mientras enormes fortunas encubiertas no existen para el Fisco, incapaz de ampliar el universo tributario pese a sus continuas declaraciones de ajustarles cuentas.

La “vaca lechera” es la clase media, cada vez menos tomada en cuenta, sacando ventaja de su indefensión social y su imposibilidad de recurrir a la protesta, al bloqueo y al paro, en vista de que sus componentes deben luchar día a día por el sustento familiar y por su deseo de vivir dignamente. El sector informal, cada día más grande por la crónica falta de trabajo, alega su situación para no tributar, al igual que los cooperativistas mineros (sólo aportan las regalías) y ni qué decir de los cocaleros, no obstante los precios boyantes de la disputada hoja.

El SIN (Impuestos Nacionales) protesta en sentido de que el 2013 desenmascarará a los comerciantes mimetizados en el régimen simplificado, no obstante los millonarios caudales que manejan, cuyo producto ostentoso es invisible para las autoridades del rubro. En el 2009 el Gobierno, muy suelto de cuerpo, determinó que el contrabando que no sobrepase los $US. 40.000 prácticamente estaba libre de gravámenes arancelarios, o sea, hasta Bs. 278.400.- Ahora como gran cosa anuncia que perseguirá el pago impositivo a los comerciantes (contrabandistas) con mercadería superior a 200.000 UFVs, de modo que tienen piedra libre hasta Bs. 357.990, lo que significa que amplía el monto libre de impuestos. Estamos en un país tolerante ante lo ilícito e implacable con los que cumplen con el Fisco.