Las inconsistencias del Censo

El Censo de Población y Vivienda a realizarse este miércoles 21, carecerá del rigor que exigen acontecimientos de esta índole, cualquiera sea el país. Varias son las inconsistencias o debilidades de su organización, aparte de la ampulosa cantidad de preguntas (49) y también de las omisiones en la boleta censal.

El Censo de 2001 se preparó con tres años de anticipación 1998-2000), de acuerdo con el Director de entonces del Instituto Nacional de Estadística (INE). La mayor preocupación que tuvo fue disponer de una cartografía que refleje la realidad poblacional y habitacional del país.

El Censo de esta semana se lo realiza de forma precipitada, pese a que se tuvo muchos años previos para prepararlo. El gobierno actual, que tiene casi siete años de gestión, debía saber que el 2011 tenía que efectuarse el nuevo censo de la década. Todo indica que se despreocupó o demoró en darle el sesgo político que lo caracteriza ahora.

Hay que anotar que ello no sucedió por falta de financiamiento, pues, el Banco Mundial desembolsó los 50 millones que se tramitó para el efecto, a mediados de 2011. O sea, que aunque el tiempo de organización de la consulta era menor al de 2001, había algo de margen para renovar la cartografía, que es esencial en un Censo.

No se actuó con la diligencia del caso, de manera que el miércoles próximo se trabajará, en gran parte, con la misma cartografía de hace 11 años. Peor aún, se anunció que no se cumplirá con el operativo poscensal, que podía corregir las deficiencias que se produzcan en la consulta inicial.

En vísperas del Censo, hay conflictos en seis departamentos, de los nueve que tiene la República, “por dudas en la cartografía”, según informó un matutino local (16/11/12). A causa de ello, en 12 lugares de esos departamentos (Cochabamba, Oruro, Potosí, La Paz y Tarija) se produjeron complicaciones de toda índole.

Jefes de zona que se reunieron el jueves último con la ministra de Planificación, Viviana Caro, le informaron que faltan empadronadores y que hay desorganización en esta área. La Ministra, que es la cabeza del Censo, admitió con anterioridad que “no hubo una respuesta positiva de la población para las actividades del Censo de 2012”.

Al margen de los problemas organizativos del Censo, el gobierno está incurriendo en dos imposiciones. Desconocer la existencia de mestizos en la población boliviana y no registrar su preferencia religiosa, pese a la libertad que en este orden reconoce la Constitución vigente.

La ministra Caro, asimismo, incurrió en contradicción cuando fue interpelada por la oposición en la Asamblea Legislativa (27/10/12), al referirse a la pregunta 29 de la boleta censal sobre autoidentificación. Dijo que si una persona elige declarar en el Censo la opción de ser mestiza “su respuesta será registrada y tabulada, pero aclaró que no corresponde a una categoría de la consulta”.

Agregó que “no es necesario que una persona se identifique con alguno de los 37pueblos (indígenas) que figurarán en la boleta”, en tanto que la opción mestizo no está entre las poblaciones”.

Esto significaría que se registrará y tabulará a los mestizos, pero no figurarían como parte de la población o por lo menos se los invisibilizará.

El académico René Pereira Morató, director del Instituto de Investigaciones Sociológicas (IDIS), de la UMSA, y uno de los miembros de la “Ruta del Censo”, integrado por expertos, investigadores y académicos de 10 instituciones del país, escribió en un diario local que en un ejercicio aplicado en las ciudades de El Alto, Potosí y Tarija, más del 70% de las personas consultadas se declaró mestiza.

Añade que la conclusión que se extrae de este resultado es “… que la pregunta 29 de la boleta censal 2012, no es neutra y persigue una intencionalidad”. Aparte de otras consideraciones, Pereira indica que “…la gran mayoría boliviana estará excluida por la pregunta 29, como si no tuviéramos identidad ni derechos”. Y termina diciendo: “El Censo es un operativo técnico y el INE, un instrumento independiente, pero como estamos viendo, parece imposible sustraerse de los mandatos del Ejecutivo”.