Persiste preocupación en sector por imposición del seguro para trabajadores de medios de comunicación

El presidente de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora) lamentó que todas las normas que el Gobierno promulga y que tienen que ver con los medios de comunicación, nunca encuentran consenso y ese es el caso del seguro para periodistas.

“Nos convocan a reuniones y audiencias, pero nunca escuchan nuestros planteamientos y eso es lamentable para las empresas de los medios de comunicación”, dijo a Panamericana.

Novillo recordó que la Ley de Telecomunicaciones, la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación y este seguro para trabajadores de medios de comunicación son los ejemplos de la imposición del Gobierno hacia el gremio.

Otro malestar generado tiene que ver con la administración de los recursos para este seguro, pues mediante la Ley se determina la confiscación de los recursos a razón de 1 por ciento del ingreso bruto mensual de las empresas privadas y el 0,25 por ciento para los medios comunitarios.

El derecho a la propiedad privada sería vulnerado al intervenir sobre estos recursos económicos, así como el derecho a la libre determinación en la contratación de servicios, como un seguro de vida que cubra a cada uno de los trabajadores de un medio de comunicación, desde la cabeza, los periodistas, administrativos y servicios, situación que no se dará con el proyecto gubernamental.

En la última audiencia efectuada en la comisión de planificación de la Cámara de Senadores, donde fue remitido el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados en sus estaciones en grande y detalle, se pudo evidenciar la falta de datos precisos de parte del Ministerio de Comunicación.

En la oportunidad, se reunieron la ministra del área, Amanda Dávila, representantes de las empresas privadas, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y delegados de medios comunitarios asociados al Estado. La autoridad, sin embargo, no supo responder sobre cuántos beneficiarios tendrá el seguro, cuánto dinero se espera recabar y menos aún cuántos medios de comunicación existen registrados en el país, cuáles son privados y a que se determina independiente o comunitario.

El único dato que la representante del Ejecutivo pudo dar, fue un supuesto ingreso anual de los medios de comunicación de Bs 1.500 millones, cifra que inmediatamente fue rechazada por los empresarios por considerar que no coincide con la realidad nacional.

Sobre el seguro de vida y enfermedad tampoco se tiene claro qué tipo de cobertura se pedirá a las empresas financieras que sean convocadas y si existirán excepciones u horarios especiales, gastos funerarios, entre otros puntos, dejando mayores dudas en el sector.

En el sistema financiero privado existen aseguradoras que cubren una amplia gama de servicios como accidentes personales, seguros para maquinaria, fidelidad de empleados, garantías o fianzas, incendios, microseguros, protección bancaria, accidentes y riesgos, seguros para tarjetas de crédito y otros. De acuerdo con la norma, una de estas entidades aseguradoras será contratada para recabar los recursos económicos que serán confiscados a las empresas y administrados por un consejo compuesto en su mayoría por el Gobierno central. Algunos servicios brindan cobertura de los Bs 35 mil a los Bs 350 mil en seguros de vida, tal es el caso del banco privado que maneja los recursos estatales.

El artículo 7 del proyecto que se encuentra pendiente en la Cámara de Senadores dice: “Los recursos del Fondo creado a través de la presente Ley, serán destinados a la contratación de pólizas de Seguro de Vida contra accidentes y enfermedades para las trabajadoras y los trabajadores de la prensa de Bolivia. El uso de las disponibilidades del fondo, luego de ser cubiertas las primas del seguro de vida contra accidentes y enfermedades, previa evaluación y aprobación del Directorio será destinado a prestaciones de salud y será reglamentado mediante Decreto Supremo”.