(Oxígeno).- Al menos 30 representantes de los movimientos sociales afines al Gobierno pasan cursos especializados desde septiembre en materia de fiscalización al servicio público para ser la primera instancia que ejecute la Ley de Control Social en el país.
El secretario de Organización de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y miembro de Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Octavio Alarcón, informó que el Gobierno les favoreció con becas para que este grupo sea capacitado por el Ministerio de Transparencia mediante la denominada Escuela de Gestión Pública Plurinacional y el Instituto Boliviano de Estudios en Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (IBEC).
“Estamos siendo capacitados para saber cómo vamos a hacer control social como dirigentes de nuestras organizaciones”, aseguró Alarcón al periódico digital Oxígeno. “Somos 30 compañeros de diferentes organizaciones”, añadió.
El dirigente colonizador explica que este trabajo se realiza a la par del tratamiento de la Ley de Control Social presentada al presidente Evo Morales el 31 de octubre anterior. El equipo que está siendo formado cuenta con representantes de campesinos, interculturales e indígenas, entre otros.
El curso empezó en septiembre y tiene como objetivo concluir en diciembre con 108 horas de carga horaria. “Este trabajo está orientado precisamente a lo que establece la Constitución en sus artículos 241 y 242 que nos facultan a las organizaciones sociales a ser responsables del control social a la gestión pública en todos los niveles de Estado, instituciones, empresas publicas mixtas y privadas que administren recursos públicos”, sostiene Alarcón.
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