Control social contra la corrupción judicial

El antiguo problema de la corrupción en la administración de justicia ha cobrado de nuevo actualidad debido a denuncias, por parte de autoridades de gobierno y personas particulares, sobre una ola de actos irregulares. Es más, el Gobierno, preocupado por esa situación, decidió estudiar y poner en aplicación medidas que permitan poner fin o, por lo menos, reducir problemas que se presentan en cuatro órganos del Estado: Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, así como en las Fuerzas Armadas, Policía y entidades territoriales autónomas.

La medida oficial, destinada a acabar con la corrupción administrativa, está contemplada en un Anteproyecto de Ley de Control Social que fue estudiado durante cinco años con participación de algunas organizaciones y el Ministerio de Transparencia.

Ese anteproyecto se suma a otras disposiciones que adoptó el Estado en años recientes, como la Ley “Marcelo Quiroga” y otras y tiene como objeto principal definir los fines, atribuciones, derechos, obligaciones y formas de ejercicio para el denominado Control Social, cuyos funcionarios no recibirán remuneración, cualquier persona puede intervenir en su funcionamiento, se aplicará en los niveles del Estado, así como otros alcances, según los límites establecidos por la Carta constitucional.

Los ámbitos en los que se aplicará el Control Social para evitar o sancionar los actos de corrupción administrativa que puedan producirse, serán en particular los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral y no estarán al margen de esa medida las Fuerzas Armadas, Policía y entidades territoriales autónomas. El anteproyecto especifica el tratamiento especial que se dará a las investigaciones en cada uno de los organismos sometidos al Control Social.

La medida proyectada del Control Social ha originado, sin embargo, susceptibilidades, ya que al parecer se estaría creando un nuevo poder fiscalizador con atribuciones y competencias paralelas. Inclusive se manifestó que los actores de ese Control Social tendrían facultades para intervenir en asuntos de Estado, lo que podría poner en riesgo asuntos de seguridad nacional.

El ideal de moralización que propone el Gobierno mediante ese anteproyecto constituye, en todo caso, un paso significativo para combatir la corrupción que existiría en los órganos del Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía, a los que está dirigida la medida. Revela, además, la sospecha de que en esas entidades existiría una corrupción generalizada que es necesario eliminar tomando en cuenta el axioma de que es preferible prevenir que curar.

De manera específica, por ejemplo, en el Poder (ahora Órgano) Ejecutivo el control social tendrá acceso a la información, rendición pública de cuentas, conocimiento de medidas legislativas, normativas y las políticas públicas, etc., lo cual dará atribuciones a quienes participen en ese procedimiento, con la suposición de que servirá para fiscalizar y controlar al Gobierno y recomendar con carácter vinculante a las autoridades competentes.

Finalmente, se debe considerar que cualquier campaña moralizadora tiene importancia siempre que afecte a las causas que originan la corrupción, pues, en caso contrario, todos los esfuerzos que podrían realizarse caerán en saco roto y, entre tanto, se habrá perdido recursos, esfuerzos y tiempo.