El representante del Defensor del Pueblo en El Alto, José Luis Hidalgo, observó que los menores en condición de calle son los que reciben mayores y constantes abusos sexuales por parte de proxenetas, quienes los instalan en alojamientos de toda la urbe.
En el Día Internacional de Lucha Contra la Violencia Sexual Infantil, la Defensoría aseguró que los menores en situación de calle son uno de los grupos más vulnerables a la serie de abusos que se enfrentan, donde grupos de proxenetas tienden a captarlos y explotarlos de diferentes maneras.
“Nosotros estamos en proceso del rescate de una menor, quien de acuerdo con la denuncia, habría abandonado a su familia con la finalidad de decidir vivir en la calle como consecuencia de sus malas notas y que al momento se encontraría captada por un proxeneta quien la tendría retenida contra su voluntad causando explotación sexual”, explicó Hidalgo.
El representante del Defensor del Pueblo indica que en varios casos en los que tuvo que intervenir la entidad los menores en condición de calle se encuentran demasiado susceptibles por los riesgos que afrontan y prefieren callar los abusos por los cuales están atravesando, sin denunciar en qué alojamiento son víctimas de lenocinios.
Hidalgo lamentó que la Gobernación a la fecha no haya realizado ningún control, y menos operativo, a los alojamientos que están a su cargo donde si bien la Alcaldía permite su funcionamiento otorgando las respectivas licencias, es la Gobernación es la instancia que, de acuerdo con la norma, debe aplicar los controles del funcionamiento y clausura indefinida cuando están reñidas por la ley.
“Por lo tanto, de aproximadamente 300 alojamientos, un porcentaje menor de seguro está siendo destinado a las actividades ilícitas, donde personas que pernoctan están reteniendo a las menores cometiendo el ilícito de comercialización y abuso sexual o luego de efectuar su jornada delictiva, llegan a los alojamiento donde se convierten en centro de operaciones”, detalló el entrevistado.
IMPUNES
El Defensor del Pueblo observa que en todos los casos denunciados y remitidos a proceso en el Ministerio Público sólo tres obtuvieron sentencia ejecutoriada, quedando el restante en la impunidad.
“A pesar de que en el Ministerio Público se habla de que las denuncias de orden público, como son las violaciones a menores, deben ser investigadas por jueces y fiscales y deben continuar con el proceso, eso nunca se cumple, por el contrario las víctimas luego de abandonar el caso por una serie de factores, el mismo deja impune al responsable de la violación”, añadió Hidalgo.
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