Cuando una persona cavila sobre los hechos, razona, a veces siente rabia por cómo son manejadas algunas entidades. Ahora me referiré a un caso específico que realmente da una imagen distorsionada de todo lo que se dice y hace.
Me refiero a la Corporación del Seguro Social Militar; sobre la cual durante mucho tiempo se hizo varios estudios, anteproyectos de ley, algunos con estudios actuariales y otros simplemente teóricos. Uno de los mejores fue elaborado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con un costo total de 150 mil dólares americanos, a fondo perdido. En la elaboración de los estudios participaron más de 20 profesionales altamente capacitados en diferentes especialidades, como auditores, economistas, abogados, matemáticos actuarios, médicos administradores del sistema del Régimen de Corto Plazo, contratados mediante concurso público, Finalmente, el resultado fue óptimo, además que los personeros y técnicos del BID tuvieron que revisar en forma total el estudio, aprobándolo ampliamente.
Pero, ¿por qué no se puso en vigencia ese estudio? Sensiblemente porque cuando se lo presentó a la Comisión de la Cámara de Senadores, el Ministro de Defensa del gobierno de Jorge Quiroga hizo todos los esfuerzos posibles para que el anteproyecto de ley de COSSMIL quede en suspenso hasta la nueva legislatura. Es de hacer notar que se presentó a fines de mayo de 2002 y no había suficiente tiempo para que el plenario aprobara el estudio.
Lo que sucede siempre, el Gerente de COSSMIL fue cambiado y el nuevo ni se preocupó por ese estudio, hecho puesto en práctica en cualquier entidad, “lo que hizo el anterior no sirve para nada, hay que preparar otro nuevo”; este sistema siempre ha existido, ya que las nuevas autoridades borran lo existente y empiezan a ordenar que se proyecte un nuevo estudio, algo muy “típico” en nuestro país.
Lo sintomático del problema es que quienes son destinados a COSSMIL creen conocer todas las materias de la seguridad social, y piensan que lo harán mejor poniendo sus ideas en práctica, pero casi siempre con resultados negativos. Tal es el caso de que por el sumisión de las autoridades superiores, acepte la entidad ser parte de la nueva Ley de Pensiones y pierde una fortuna que podía pasar a sus manos. Además se ha perdido el sistema integral de su seguro social, rompiendo el marco de que las FFAA deben regirse en todo campo por sus propias leyes y reglamentos.
El Decreto Ley Nº 11.901 es claro sobre cada uno de los regímenes y el de gran importancia es de largo plazo que era parte de su sistema. Ahora bien, el haber perdido el régimen de pensiones explica claramente vulnerabilidad en las FFAA, ya que sus disposiciones legales sólo han coadyuvado a mantener los errores, como en el caso de los jubilados, donde se nota los varios niveles de pasivos, además que se rompe la jerarquía en las FFAA, que debía mantenerse de por vida, pues sin discusión han perdido la verticalidad y la misma ha sido vulnerada en cada uno de los niveles de los grados y las generaciones.
Ahora es necesario preguntarse: ¿por qué las autoridades militares no hacen cumplir la Ley Orgánica? ¿Por qué existen datos erróneos en los balances? ¿Por qué existiendo profesionales militares con otras profesiones no corrigen esos errores? ¿Por qué se obtiene un superávit significativo en el Régimen de Salud, sabiendo que siempre el régimen ha sido y será un sistema de reparto simple, debiendo utilizarse el total de los remanentes en equipos?
Estas aseveraciones son completamente comprobables, por lo tanto no es una elucubración alegre, sólo me guía el deber, como conocedor de la Seguridad Social en Bolivia y en especial en COSSMIL. Es necesario abrir los ojos y de una vez por todas disponer de una Ley que mantenga su origen con base en el Decreto Ley Nº 11.901. De otra manera COSSMIL seguirá de tumbo en tumbo y sin soluciones reales.
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