¿Censo con indicios de informalidad?

El Censo Nacional de Población y Vivienda debería ser la actividad más importante de la bolivianidad, reportando datos estadísticos para la planificación del desarrollo social, económico y productivo. Parecería que no se cumplirá a cabalidad el objetivo, debido a:

Improvisación en la obtención de encuestadores calificados, con riesgo de que haga registros no correctos en su totalidad.

Falta de claridad en los mapas cartográficos en varias regiones y disputa de límites.

Preguntas confusas en la boleta censal, sin mencionar religión o mestizaje.

Llenado con lápiz de respuestas, creando susceptibilidad.

Disputa de alcaldes, unos quieren que las personas no abandonen su territorio cotidiano y otros quieren que retornen a su lugar de origen.

Dirigentes vecinales o sindicales sancionarán a sus afiliados que no retornen a sus propiedades rurales o citadinas.

Distribución tardía de boletas censales en las regiones.

¿Cómo se censará a bolivianos que radican temporal o definitivamente en el exterior y son más de 2 millones 200 mil, entre legales e ilegales?

La pregunta 29 está orientada a 36 pueblos indígenas originarios, no cuantifica a los pueblos indígenas sectorialmente, ni a los citadinos.

Las autoridades nacionales, departamentales o municipales solo están pensando en la coparticipación tributaria que percibirán en función a su región. También están pensando en los curules que pudieran obtener en el Legislativo.

El Vicepresidente mencionó que las comunidades indígenas que no sean censadas perderán recursos, pues se mantendrán con datos del censo de 2001.

La declaración del Gobernador de La Paz, en sentido de que él será empadronado en Escoma, y no en la ciudad de La Paz, donde trabaja en días hábiles del año, es una muestra de registrarse donde uno quiere.

No sabemos si el Presidente será censado en Orinoca, Cochabamba o la ciudad de La Paz. Muchos asambleístas irán a sus lugares de origen, abandonando el lugar de sus funciones principales.

En relación con los pobladores en su conjunto, se trasladarán a provincias y otras ciudades, perjudicando al municipio donde realizan sus actividades cotidianas.

Según la Ley de Participación Popular, del total de las rentas nacionales obtenidas por recaudaciones tributarias, como IVA, IT, ICE, Salidas al Exterior, RC-IVA, Gravamen Aduanero y otros, el 20% es destinado a los 339 municipios del país. Cada municipio obtiene dinero según el número de habitantes censados en su territorio, bajo el concepto de distribución igualitaria del área rural o urbana, destinado a educación, salud, deportes, caminos vecinales, micro riego y otros.

Para que el censo no se convierta en un negocio de obtención de recursos y distribución de curules e injusticias, los legisladores deben analizar opciones para mejorar la distribución de recursos económicos, con equidad. Una opción podría ser favorecer a dos municipios, uno como lugar de actividades cotidianas o principales y al municipio de origen del habitante, distribuyendo recursos en términos porcentuales para el desarrollo integral del país.

De momento nos quedamos con este censo de forcejeos y manipulaciones.