Legalización de autos “chutos” no coincide con la política tributaria

Para el analista en temas económicos Carlos Quiroz, el Gobierno no debió legalizar los autos indocumentados o también conocidos como “chutos”, si quería controlar la subvención de los combustibles, antes de decidir la reducción en 30% el monto de crédito fiscal a las facturas por compra de carburantes.

Añadió que la decisión del Gobierno de computar sólo del 70% del crédito fiscal, es una medida que afecta a los contribuyentes que con esfuerzo lograron adquirir un vehículo de forma legal y beneficia a todos aquellos que nacionalizaron más de un motorizado.

“Es una medida que si bien va a paliar los efectos de la subvención, no terminará con el contrabando de autos. Lo que debería hacer en este caso el Gobierno es dejar de fomentar la ilegalidad aprobando programas de nacionalización de autos chutos que obviamente consumen gasolina o diesel y eso además del contrabando de carburantes desangra la provisión de carburantes”, sostuvo en entrevista con El Diario.

Según datos de la Aduana Nacional hasta el 31 de octubre pasado, 128.059 vehículos indocumentados fueron registrados inicialmente para su legalización, de los cuales 30.460 fueron depurados por diferentes motivos, dejando en 97.599 la cantidad de autos sujetos a nacionalización.

En base a esos datos Quiroz sostuvo que sectores de la clase media, empleados públicos, profesionales independientes, empresas de servicios, y todos los contribuyentes particulares serán los más afectados.

“Lo que vemos con esta medida es que una vez más se beneficia a la ilegalidad. ¿Por qué no se evitó nacionalizar 97.599 autos?”, se preguntó el analista.

El Ministerio de Economía propuso a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) una medida para el cómputo sólo del 70% del crédito fiscal de las facturas de compra de carburantes, con lo cual, el Estado podría recuperar un 5,6% del monto anual previsto para la subvención de la gasolina y diesel.

La propuesta está incluida en la disposición adicional tercera del proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2013, que el Órgano Ejecutivo envió en octubre a la ALP para su tratamiento y aprobación, según una nota de prensa de esta cartera de Estado.

Consiste en reducir el cómputo del crédito fiscal de la factura de consumo de diesel o gasolina de 100% a 70%.

Con la reducción del cómputo del crédito fiscal en las facturas de carburantes, el Estado ahorra 5,6% del dinero destinado a la subvención anual de la importación de diesel oil, gasolina premium y gasolina especial.

En lo que va del año, el Estado erogó más 800 millones de dólares para esta subvención, cifra que de prevé subirá hasta el cierre de la gestión a 981 millones de dólares. En el PGE 2013 se prevé para este gasto 1.061 millones de dólares.