Escaramuzas y atropellos precensales

Entre los tópicos negativos del proceso censal de 2012 resalta, por una parte, la presión ejercida para que las personas se empadronen en sus localidades, cantones o ayllus de origen y no en los que viven habitualmente y donde trabajan y, por otra, las disputas por territorios traídas a cuento entre municipios no sólo rurales, sino también de carácter departamental, aunque éstos últimos no llegaron al enfrentamiento.

Las presiones surgieron de los vecindarios, movimientos sociales y aun de las propias autoridades municipales en no pocos casos, recurriendo a que se asigna recursos económicos en función de la población de cada distrito. Esta mentalidad socava la economía de los grandes centros urbanos, los que deben hacer frente a mayores obligaciones y necesidades que les plantea su población, habida cuenta de la enorme e incontenible migración campo-ciudad.

Los medios de presión empleados son de amplio conocimiento: Multas, decomiso de ganado, incautación de tierras y expulsión, sino inclusive castigos físicos a los que no acaten estas decisiones arbitrarias, abusivas e ilícitas, expresión clara de actitudes autoritarias avivadas al calor de la “justicia comunitaria”. Los mismos procedimientos son empleados exitosamente para marchas y variados movimientos sociales. Para neutralizar las consignas difundidas sólo se escuchó llamados de las autoridades citadinas a permanecer donde residen habitualmente y demandan servicios. En cambio el INE, gestor principal del censo, no sugirió al Gobierno Nacional la adopción de medidas preventivas para evitar la desvirtuación de datos verídicos y cuantitativamente necesarios, a lo cual conducen tales amenazas.

Peculiar como es en muchos aspectos el país, tenemos habitantes duales que con un pie pisan en las ciudades y con otro en el campo. Lo común es que los miles de migrantes residen en las principales áreas urbanas donde ganan el sustento familiar, pero acudan a sembrar y cosechar a sus tierras. Para los dirigentes campesinos y los municipios rurales esto es suficiente para que tengan la obligación de censarse en dichos lugares, para provecho de quienes administran los dineros correspondientes de Participación Popular.

Han saltado también a primera plana las disputas por límites territoriales entre distintos municipios por instigación de dirigentes y autoridades con motivo del censo, con objeto de hacerse notorios cuando prematuramente el oficialismo y la oposición se encuentran en etapa preelectoral. Y es que el enrolamiento por los partidos políticos para cargos electivos parte de este tipo de movimientos. Tal parece ser la verdadera causa, atribuyendo sin embargo al censo un poder demarcatorio de territorios del cual carece en absoluto.

La “madre del cordero” no es otra que la asignación de recursos en función poblacional, según determinación heredada de la Participación Popular, como ya hemos señalado. Para dicho efecto, el Gobierno tuvo que firmar 81 acuerdos con municipios y comunidades indígenas a fin de viabilizar su participación en el censo, amenazado de sabotaje y renuencia. Sin duda la Participación Popular erró al asignar fondos fiscales por población. Lo sabio habría sido determinar términos medios de distribución en la indicada disposición de la década de los 90. Otro criterio de asignación debería favorecer a las regiones con menor desarrollo o más deprimidas. Así se hubiera evitado estas pugnas recurrentes que afloran como hongos.