Inseguridad ciudadana y delincuencia

Bolivia, al igual que otros países del continente, está atravesando por un estado de inseguridad ciudadana, que significa desprotección de sus habitantes, por un aumento de la delincuencia y el crimen organizado, causando que ciudades como Santa Cruz de la Sierra, La Paz y El Alto sean inseguras, por el aumento de asaltos y víctimas.

El problema es complejo, por lo que el Gobierno y sus organismos de seguridad deben dar prioridad a su solución. La ciudadanía está alarmada por la inseguridad que se vive y la Policía Nacional hace lo que puede con sus insuficientes recursos. Preocupa el aumento de casos de secuestros, trata y tráfico de personas.

El personal policial que se necesita para patrullaje de las zonas alejadas del centro urbano no es suficiente para brindar seguridad a la población. La presencia de pandillas juveniles en ciudades populosas nos hace ver que nuestra sociedad se está desmoronando, lo cual requiere medidas de contención oportunas. El funcionamiento de centros de readaptación de los delincuentes juveniles es necesario, como la Granja de Los Espejos de Santa Cruz y Miguillas de La Paz.

Las gobernaciones de los centros penitenciarios deben habilitar terrenos para granjas de producción agropecuaria a fin de abastecer la alimentación en las cárceles, mejorando su modo de vida y preparando a los internos para su reinserción en la sociedad, lo que significa aumento de presupuesto.

Ante el aumento de asaltos y asesinatos, se debería pensar en adoptar medidas más eficaces.

La tecnificación de la Policía Nacional debe ser un objetivo de los actuales mandos policiales y el Ministerio Público. El Instituto de Investigaciones Forenses tiene que ser motivo de estudio para coadyuvar a las investigaciones para combatir con eficacia al crimen organizado. Para las especialidades de Odontología forense, Biología molecular, Genética forense, Peritaje forense y Huelografía se podría habilitar un plan de becas de perfeccionamiento en institutos policiales del exterior.

Las empresas de seguridad y organismos estatales deberían planificar el funcionamiento de cámaras de vigilancia y centros de monitoreo con carácter obligatorio, a fin de combatir futuros asaltos y mantener alertas a organismos que los necesiten.

Quienes integran las respectivas comisiones de la Asamblea Legislativa deben tomar en cuenta la importancia de reducir la inseguridad ciudadana, ya que ellos se deben al voto de sus electores, que ahora piden mayor seguridad e intensificar el combate contra la delincuencia. Por ello se tiene que dotar de medios económicos a la Policía Nacional, Ministerio Público, aumentando las partidas presupuestarias correspondientes.

Finalmente, el ciudadano común tiene que poder desplazarse libremente en cualquier ciudad, sin temor a ser asaltado ni victimado por grupos de antisociales.

El autor es ex Decano de Odontología de la UMSA.