Los abogados y la justicia

En los países atrasados y de escaso nivel de desarrollo humano, las instituciones acusan una serie de debilidades, en especial las públicas, que son aquellas que tienen por finalidad que el Estado ejercite su función de administrar el poder y, en consecuencia, cumplir su principal finalidad, que es la de buscar el “bien común”.

Entre las instituciones públicas del Estado boliviano, y siguiendo la ideología democrático liberal que imprimió el Libertador Simón Bolívar, en la primera Constitución aprobada en 1826, y que en buena parte se han mantenido hasta este tiempo, está el Órgano Judicial o como antes se denominaba, Poder Judicial, encargado de administrar justicia en las controversias entre particulares, y entre éstos y el Estado.

Pero este órgano en el decurso de la historia patria no ha cumplido a cabalidad su rol constitucional, y el que disponen las leyes para su desenvolvimiento, pues carece de credibilidad ante la opinión pública; y pese a las diversas medidas aplicadas por muchos gobiernos para su mejora, los resultados han sido escasos.

Con frecuencia los profesionales abogados, en sus conversaciones sobre el desempeño de los tribunales de justicia, se lamentan por sus debilidades, ya sea por la corrupción de algunos jueces, la falta de idoneidad para ese desempeño, o su sometimiento a influencias políticas partidarias; lo mismo ocurre con los Fiscales del Ministerio Público. Pero lo que no se comenta, es qué profesión tienen los llamados operadores de justicia, es decir los jueces, fiscales, abogados demandantes y defensores y hasta el personal de apoyo en los juzgados, de los que unos son secretarios abogados y otros estudiantes de la carrera de Derecho. Todos estos son profesionales abogados y estudiantes de esa profesión. Entonces al decir que la justicia boliviana está mal, se debe entender que los abogados son los que están mal, pues son ellos los que hacen la justicia.

También las normas sobre la materia del derecho y justicia tienen su cuota parte en el estado deplorable de la administración de justicia. Las primeras normas se las puso en vigencia en el gobierno del Mariscal Andrés de Santa Cruz, hace cerca de dos centurias, inspiradas en los códigos de Napoleón, las que fueron reformadas en pocas ocasiones, entre las últimas en el gobierno de facto de Hugo Banzer Suárez y recientemente en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, pero siempre inspirándose en realidades de países donde el comportamiento humano es distinto.

Por tal razón sus resultados no son los buscados, sino que en algunos casos han empeorado, como con la conformación de tribunales con jueces ciudadanos en materia de procedimiento penal, que en muchos casos, por la resistencia de los ciudadanos sorteados para conformar tribunal, o como resultado de sospecha, no asisten porque han sido previamente “conversados” para que tomen esa decisión, por lo cual los juicios prescriben por el tiempo transcurrido y graves delitos ni siquiera tienen el debido proceso.

Los abogados aparecieron en las sociedades antiguas como defensores o asistentes de los procesados, por sus conocimientos en la aplicación de las leyes y con el tiempo se convirtió en una profesión. Así se dice que Pericles fue el primer abogado profesional en Atenas; en Roma los “advocati” eran llamados a defender a los acusados. Los profesionales abogados no sólo son los defensores de los demandados, sino son los administradores de la justicia, y en consecuencia de su desempeño, conocimientos y fundamentalmente ética, depende el buen funcionamiento del “aparato de justicia”. Su mal desempeño tiene como consecuencia la ausencia de justicia en una sociedad, o una justicia que no está a derecho, es decir que no es correcta, ni derecha ni ajustada a las leyes.

En nuestro país se calcula que hay cerca de 50.000 abogados para una población económicamente activa de poco más de 4 millones de individuos, lo que significa que hay un profesional abogado para cien personas aproximádamente, por consiguiente la oferta de servicios influye en la conducta ética de estos profesionales, entre los que hay jueces y fiscales probos y abogados honestos, que se ajustan en sus actos a buscar la justicia y no sus intereses económicos.