Esperanzas perdidas con el sistema judicial

Cuando se anunció que con diversas medidas de gobierno se pondría fin a la corrupción en el Órgano Judicial (antes Poder Judicial), la población no pudo menos que sentir satisfacción ya que, en esa forma, se acabaría con un problema que se estaba arrastrando desde hace decenios y que, además, se iba agravando a medida que pasaba el tiempo. En las ofertas de “cambio” no sólo se incluía nuevas leyes, sino también idóneos funcionarios que se encargarían de poner fin a la cadena de denuncias de todo origen.

Las ofertas de cambiar el Poder Judicial y hacerlo con más rapidez y corrección fueron acompañadas del anuncio de medidas “estructurales”, elección de autoridades judiciales, dictado de nuevas leyes, amenazas contra los que cometan actos de corrupción y, al mismo tiempo, anuncios a la población de que la administración de justicia sería un dechado de tranquilidad para toda la población.

En forma particular, nuevas autoridades aseguraron que, de producirse los ofrecidos “cambios estructurales”, los problemas superficiales desaparecerían como por encanto y que quedaría atrás el viejo régimen que era el causante de los problemas en los estrados judiciales. En especial se recalcó que al desaparecer la corrupción administrativa, se cumpliría la sentencia popular: “muerto el perro, muertas las pulgas”.

Sin embargo, pese a que fueron dictadas las medidas que se ofreció, al presente desde el Presidente de la República, el Ministerio de Transparencia, hasta funcionarios de mínima cuantía, vienen afirmando que los mecanismos judiciales están plagados de funcionarios corruptos, quienes, además, deberán ser enjuiciados. Es más, las autoridades respectivas han presentado pruebas de actos ilícitos e inclusive casi cien altos jueces y fiscales serán objeto de juicios para aclarar su conducta y, finalmente, ser sometidos a prisión carcelaria.

La información más contundente en cuanto a la corrupción judicial la dio la Ministra de Transparencia, que informó sobre el inicio de procesos disciplinarios y penales nada menos que contra 80 autoridades judiciales y fiscales, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Vale decir que la práctica de la corrupción continúa en el Órgano Judicial, tanto o peor que antes o tal vez en mayor proporción, ya que hasta ahora no se conocía un volumen tan elevado de casos denunciados.

Los funcionarios acusados habrían incurrido en incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, uso de instrumento falsificado y otros. Es más, se informó acerca de la existencia de una lista de 52 fiscales denunciados. Más aún, la Ministra afirmó que existirían clanes de funcionarios judiciales que se colaboran mutuamente para evitar sanciones. Por otra parte, el nuevo Fiscal General sentenció: ¡“Entre los colegas se ayudan, se colaboran, entonces hay muchos casos de fiscales que no pueden avanzar en las denuncias que tenemos”!

El hecho que no hubiese desaparecido la corrupción en los medios judiciales y que, aún más, ésta se hubiese agravado, querría decir que las medidas para atacar las causas que la determinaban no fueron eliminadas, ya que de otra forma no existirían los problemas que ahora se confronta con tanta gravedad, todo lo cual ha causado gran decepción en la opinión pública.