Contradicciones y presiones marcan la gestión del MAS

Con el Decreto Supremo 748, el gobierno de Evo Morales pretendió levantar la subvención a los hidrocarburos, aprovechando la alta popularidad alcanzada durante el primer mandato de gestión entre 2006 y 2009. Sin embargo, la presión de la sociedad e incluso el pedido de los sectores afines al régimen, como los colonizadores, las denominadas Bartolinas y el levantamiento de El Alto, hizo que el mandatario dé por vez primera un paso al costado y aplique su slogan “gobernar obedeciendo al pueblo”.

Así lo entendió la sociedad y desde entonces una seguidilla de medidas de presión ejercidas desde movimientos corporativos ha venido marcando al segundo mandato del Movimiento Al Socialismo (MAS). El caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) es una prueba de que las marchas se convirtieron en detonantes para que el Gobierno asuma su slogan, pero esto sólo es efectivo con la aprobación de leyes, decretos y reglamentos, que sólo han servido para calmar las aguas, pero no para dar solución a los conflictos.

La Ley 180 de protección al Tipnis o llamada ley de intangibilidad fue el logro de la octava marcha indígena, el punto más alto de rechazo a un régimen conocido por su carácter autoritario. Esta reivindicación, empero, sólo duró cuatro meses, pues una contramarcha del Consejo de Indígenas del Sur (Conisur) aprobó sin mayor demora la Ley 222 de consulta “previa”. Ambas normas hoy se encuentran en proceso de resolución.

Otro frente de conflicto contradictorio en esta gestión fue el caso de las minas. La reversión de la mina Colquiri provocó la susceptibilidad entre asalariados y cooperativistas.

El 20 de junio, el Gobierno decidió “nacionalizar” mediante decreto la mina Colquiri. El segundo mandatario Alvaro García Linera, en su calidad de presidente interino, afirmaba con grandilocuencia “hoy estamos firmando un gran decreto por doble motivo porque recuperamos la empresa que era del Estado: Colquiri, pasa a manos del Estado, gran avance, pero también estamos resolviendo democráticamente mediante la persuasión y el diálogo la contradicción entre dos sectores del pueblo boliviano: sistema cooperativo y sistema asalariado”. Sus palabras no fueron suficientes, pues meses después la crisis, el paro y los enfrentamientos entre mineros estuvieron por provocar un caos en el Estado.

En octubre, la situación parecía insostenible y el gabinete decidió fijar una solución con la aprobación del Decreto Supremo 1368 que delimita el área de explotación de la veta Rosario, entre los asalariados de Comibol y los trabajadores de la Cooperativa 26 de febrero. Un decreto sobrepasaba a otro decreto.

En este contexto, el régimen apela a las organizaciones sociales para debatir la situación del país y por ello realizó entre diciembre del año pasado y enero de 2012 el denominado “Encuentro plurinacional” que fijó una agenda de 100 leyes para ser aprobadas.

La sugerencia de que los trabajadores de salud cumplan ocho horas de labor, sin embargo, resultó un desacierto, pues los médicos se movilizaron con más de un mes de medidas de presión rechazando esta impostura. Sobre los medios de comunicación, también surgió la “idea” de normar a los periodistas con una ley de medios que propusieron sectores sociales y los radialistas comunitarios afines al MAS. Otro frente de conflicto se abrirá si el Gobierno insiste en normar cada ámbito de la sociedad.