El legalismo se repite y no logra dar seguridad jurídica

Desde la fundación de la República, el país ha tenido una larga tradición por tratar de buscar soluciones a los problemas de la sociedad mediante la aprobación de leyes, normas, decretos, regulaciones, resoluciones y demás que han engrosado las bibliotecas de derecho y los ambientes del Poder Legislativo, hoy Asamblea Legislativa.

Las decenas de miles de leyes acumuladas en la historia Patria tuvieron un antes y un después del Programa de Saneamiento Legislativo (PSL) que emprendió la Vicepresidencia del Estado en una labor destacada que fue respaldada por la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) desde 2009, tratando de centralizar todas las leyes bolivianas desde 1825 y priorizar las nuevas áreas dentro del ordenamiento jurídico vigente desde la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE).

“Una vez que se contó con la colección completa de leyes se procedió a agruparlas en ocho áreas del derecho; administrativa; civil y familiar; internacional; comercial y económica; laboral y de seguridad social; medio ambiente y recursos naturales; penal y tributaria, aduanera y financiera. Estas fueron estudiadas en forma posterior en cuanto a sus abrogaciones y derogaciones tácitas y expresas, elaborándose Textos Ordenados –inoficiales- de las leyes, de cada área, vigentes en Bolivia. En forma paralela, se confeccionaron Matrices Comparativas de las leyes vigentes con el nuevo texto constitucional y recomendaciones específicas para la Asamblea Legislativa Plurinacional”, cita Varinia Costas en la página web de este emprendimiento.

A partir de la CPE, la Asamblea Legislativa se dio a la tarea de aplicar la norma constitutiva con la proyección de cien leyes por año para dar viabilidad a los 411 artículos de la Carta Magna vigente.

Quizá acá está la vuelta de la tuerca floja. El ordenamiento jurídico del país retoma la senda del legalismo con una ampulosa Constitución que además de sus 411 artículos contiene nueve disposiciones transitorias que darán que hablar en los siguientes meses con el tema de la reelección presidencial y la ratificación o denuncia de tratados internacionales.

La Asamblea Legislativa ya lleva 585 leyes aprobadas y con ello se engrosa nuevamente las bibliotecas y archivos del sistema judicial del país.

Una ley contra el racismo apenas pudo frenar este mal social, pero su instrumentalización política le causa debilidad. La Ley de Seguridad Ciudadana no está reglamentada y mediante la Ley Financial recién entrará en aplicación con la distribución de recursos, que también deben ser reglamentados en cada municipio y gobernación.

Leyes de declaratoria de patrimonio y leyes de aprobación de préstamos también son parte de la larga lista que la Asamblea Legislativa se ha propuesto trabajar.

Un hecho anecdótico es aquel que protagonizaron las comunidades de Tierras Bajas con el tema del conflicto en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Una primera marcha en defensa de esta reserva derivó en la promulgación de la Ley 180 “de intangibilidad”. Posteriormente, una contramarcha de colonizadores logró sin mayor trámite otra norma, la Ley 222 “de consulta”, que actualmente se encuentra en proceso.

Pese a los argumentos leguleyos de abogados como el diputado Héctor Arce, quien primero dijo que la consulta no era una obligación del Estado por tratarse de un tema vial y no de recursos naturales, para luego cambiar de rumbo y aseverar que la “Ley de Consulta es la más constitucional en la historia de Bolivia”, los ciudadanos no sienten esa seguridad o garantía jurídica.