El fiscal Marcelo Soza, que investiga el caso terrorismo I, admitió ayer que el Estado gasta demasiado dinero en este proceso y propuso que el juicio se lleve adelante de manera continua en Tarija, donde se reinstalará el próximo lunes.
Con esto, se pretende cerrar el caso hasta enero de 2013 y abaratar los costos del traslado a la capital tarijeña de los acusados de formar parte de una supuesta célula terrorista liderada por el croata-boliviano Eduardo Rósza Flores, que murió, junto a otras dos personas, en abril de 2008 en el hotel “Las Américas” de Santa Cruz.
Soza dijo que el juicio está en la fase de presentación de excepciones e incidentes. “Quisiera que termine lo más pronto posible, hasta enero, como máximo. Y es posible, si es como propongo, se eliminen las interrupciones. Todo depende de los jueces”.
De acuerdo a la información difundida por El Deber, el proceso vacía los bolsillos de los 10 acusados que están detenidos en cárceles de La Paz (8), Cochabamba (1) y Trinidad (1), porque deben pagar los traslados y viáticos de sus abogados; mientras que el Ministerio de Gobierno confirmó el gasto de $us 9.500 por cada uno de los tres viajes a Tarija, donde radica el juicio.
Anteriormente, el Ejecutivo había financiado tres viajes de los acusados a Cochabamba. Si bien el proceso es continuo, los jueces trabajan cuatro o cinco días y luego suspenden las audiencias por un lapso que nunca fue menor a diez días. Con ese ritmo, se requiere un operativo que demanda al menos dos traslados al mes, lo que dispara los costos.
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