El proyecto de Ley del Seguro de Vida contra Accidentes y Enfermedades para los Trabajadores de la Prensa, fue aprobado recientemente en la Cámara Baja y espera la sanción en la Cámara de Senadores.
Los fondos captados, producto del aporte obligatorio del 1% de los medios de comunicación privada y 0,25% de los medios estatales y comunitarios serán administrados por una entidad aseguradora privada, elegida a través de una convocatoria pública, de acuerdo con la versión de la ministra de Comunicación Amanda Dávila en una entrevista en la red Erbol.
“No queremos que se repita lo de Focsap y se velará por una recta administración de estos fondos”, dijo Dávila quien contó que este es uno de los cambios al proyecto denominado Ley de Seguro de Vida contra Accidentes y Enfermedades.
Un Consejo de Seguimiento integrado por la Asociación Nacional de la Presa, representantes de los sindicatos, el Ejecutivo y otras entidades velará por la correcta administración de estos fondos. Esta decisión nace de las dudas que surgieron a la hora de decidir quién iba a administrar estos fondos.
Los periodistas y entidades expresaron sus dudas, porque en un principio se quería entregar este control a una representación estatal con mayoría en el Consejo, recordando que si así lo hacía, el Estado debía colocar su alícuota en este empeño y no administrar fondos ajenos sin colocar un solo centavo.
Dávila explicó que los beneficiados no son sólo los periodistas sino también todos los que trabajan en función administrativa y técnica tal el caso de fotógrafos, personal del área comercial, prensistas, camarógrafos y otros, de manera que se piensa cubrir un universo de 7.000 personas.
Al referirse al monto a administrar informó señaló que sólo consultando a Impuestos sobre los ingresos de 40 empresas, entre ellas el canal estatal, se logró constatar que generan anualmente 1.040 millones de bolivianos, de manera que el 1% de este monto pasará a la cuenta del seguro de los periodistas.
El requisito para acceder a este beneficio es formar parte de un sindicato o entidad reconocida a nivel nacional o local, ya que muchos medios no tienen representación sindical y está prohibido tener un sindicato, aunque se cuido de decir que una de estas entidades es el canal estatal y la Red Patria Nueva.
Al intentar aclarar que este seguro cubrirá los accidentes producidos en la fuente de trabajo y también los que se tuvieran en otras circunstancias, no pudo aclarar qué ocurrirá en esta situación, aunque luego en la conferencia de prensa improvisada dijo que antes se vería si la persona estaba o no en estado inconveniente.
Tampoco supo explicar por qué este beneficio no es colectivo, de manera que arquitectos, ingenieros, abogados y muchas personas que trabajan en horario nocturno también puedan acceder a este beneficio.
De acuerdo a un cálculo inicial, en caso de muerte de un trabajador, los familiares recibirían un monto de 10 mil dólares y un monto casi igual para la invalidez, previa a una evaluación.
Finalmente, señaló que la ley podría ser promulgada antes de Navidad, luego de superar algunas interpretaciones del momento.
Por su parte el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, manifestó su rechazo al seguro de vida para los periodistas, porque el diseño de la misma no respondería a las expectativas del sector. “Nosotros no estamos de acuerdo con el seguro porque desde un principio hicimos notar que su diseño está mal”
El representante del sector también hizo notar su desacuerdo con la decisión de que los fondos captados sean administrados por una entidad aseguradora privada, en vista que esta iniciativa no estaría haciendo otra cosa que privatizar un beneficio social.
En opinión de Vargas se debe redimensionar la propuesta y mejorar los sistemas de fiscalización, debido a que la redistribución de los beneficios no puede ser arbitraria sino de acuerdo a una escala valorativa.
En este sentido dijo que la administración de este beneficio debería ser responsabilidad de las federaciones de periodistas y los dueños de los medios de comunicación, estableciendo un equilibrio para el control y fiscalización de la propuesta.
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