El libro “Los dilemas de la minería” escrito por expertos del ámbito revela que la nueva Ley Minera pretende subir las regalías y los impuestos por encima del 67% que se paga en la actualidad, hecho que haría inviable esa actividad productiva.
Como un “momento caótico” expresado en una “encrucijada” que conduciría a la minería boliviana por un camino destructivo y de retroceso, o, hacia un golpe de timón para reencauzar la política del sector, es considerada la situación actual de esa actividad, en el libro escrito por el sociólogo Henry Oporto, el ingeniero geólogo Dionisio Garzón, el ingeniero de minas Jorge Espinoza y el historiador Pedro Portugal, en el marco de los estudios realizados por la Fundación Pazos Kanki.
El problema no es tanto la incertidumbre por la inestabilidad de los precios; ni siquiera es la lucha fratricida de las facciones de mineros (como los casos recientes de Colquiri y Mallku Quta), “la cuestión medular es la baja competitividad de la minería boliviana y el déficit de inversiones”, aseguran los autores.
Los autores analizaron varios aspectos como la volatilidad de precios internacionales con tendencia a la baja, avidez por la explotación minera, rentismo corporativo que ha convertido al gobierno en rehén de la presión social, retorno a políticas improductivas de corte estatista y anti-inversión privada, ausencia de Estado de derecho que hace de la minería un mundo sin ley ni orden.
NUEVAS REGALÍAS
Se refieren también al proyecto de Ley de Minería (en etapa de elaboración) y advierten que éste “pretende subir la regalía por sobre el nivel actual de 6% y elevar el impuesto por remesa de dividendos de 12.5% a 25%.
Con ello, la participación del Estado (government take) en la renta minera subiría por encima del 67%. Actualmente, dos de cada tres dólares generados por los productores mineros ya son apropiados por el Estado”. “De imponerse este criterio, se aplicarían los impuestos más altos con el efecto de poner el riesgo la continuidad de las operaciones mineras en Bolivia”, acotan.
Es por ello que los autores proyectan que “si se impone el criterio de que Comibol participe en los proyectos ejecutados por empresas privadas, percibiendo el 55% del valor de la producción, la participación tributaria del Estado subiría hasta un 91%. Con ese tratamiento tributario” y, cuestionan: “¿habrá quién quiera invertir en Bolivia?”.
GOLPE DE TIMÓN
En criterio de los coautores de la obra, “el sector privado está siendo estrangulado, al punto que la minería podría reducirse a un puñado de empresas estatales, de dudosa viabilidad, y un extenso conglomerado de pequeñas operaciones de cooperativas y productores informales (¿un minifundio minero?), con el resultado previsible de un estancamiento general de la actividad minera”.
“La encrucijada es dramática: o seguimos un camino destructivo que hará retroceder por décadas a la minería, o buscamos un golpe de timón para reencauzar la política minera hacia el desafío de la competitividad y la modernización, en un contexto de apertura y garantías a la iniciativa privada, el rol eficaz del Estado en la promoción de la industria minera y la participación de una gama amplia de pequeños productores articulados a cadenas de producción, transformación y exportación minera”.
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