ANP ve excesiva improvisación para aplicar la norma

Ante declaraciones de la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, quien señaló que se debate el futuro de “remantes” del proyecto de Ley del Seguro de Vida contra Accidentes y Enfermedades para los Trabajadores de la Prensa, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan León Cornejo, cree que antes de obtener el total del costo del seguro, ya se está disponiendo del dinero, sin un destino fehaciente demostrando la improvisación en esta ley.

El seguro de vida para los trabajadores de prensa aún no tiene un monto definido, pero ya se habla del sobrante del porcentaje que vendría de los medios de comunicación, quienes, según la ley, tendrían que programar el 1 por ciento de sus ingresos brutos y totales que se den por año y el 0,25 para medios indígenas. Esta ley se encuentra en la Cámara Alta esperando su aprobación en detalle.

León Cornejo manifestó su molestia, porque antes de verificar datos importantes como el de cuántos trabajadores de la prensa serían beneficiados con este seguro y cuáles son los medios que tendrán que brindar el fondo, ya se determina el uso de esos aportes.

“Alto grado de improvisación y falta de estudios técnicos adecuados para aprobar ese proyecto, no se sabe hasta ahora cuántos serian los periodistas beneficiados, cuáles los medios y cuánto se pretende recaudar con ese dinero, y sin embargo se está ya distribuyendo esos fondos sin destino seguro”, dijo.

El representante de la ANP indicó que se tiene que preguntar qué va a ocurrir con el actual seguro social y cuestionó que en caso de darse el uso de los fondos para proyectos de salud, los periodistas aportarían además a la Caja Nacional de Salud y a la Caja de Seguridad Social.

En el Senado, según Dávila, se mencionó la posibilidad de utilizar los remanentes del fondo para aplicarlos en proyectos de salud, aunque no existen mayores detalles.

La Ley fue aprobada ayer en la Cámara de Senadores con modificaciones en los artículos 7 y 11, por lo que fue devuelta a la Cámara Baja para su aprobación y posterior promulgación en el Ejecutivo.