Y las licitaciones públicas ¿cuándo?

Vivimos en tiempos en los que se supone que la Constitución Política del Estado y las leyes tienen plena vigencia, no sólo en las acciones sino en lo económico, social y cultural, porque nada hay mejor que vivir enmarcados en las leyes y libres de toda posible condena por haber infringido algo del sistema legal; sin embargo, hay hechos que es imposible comprender porque no se enmarcan en los textos constitucionales y tienen vigencia de facto.

El caso de la falta de licitaciones públicas para todo lo que compre o contrate el gobierno del Estado es preocupante, no sólo por la responsabilidad del Poder Ejecutivo, sino del país en su conjunto. Licitar contratos, hacer contrataciones de personal jerárquico seleccionando de ternas a los mejores para ponerlos a disposición del Ejecutivo; verificar contratos y ver las mejores opciones de los productos requeridos, no sólo en cuanto a precios sino a calidad, debería ser el acto primigenio de toda actividad gubernamental.

Hay contratos que son hechos por “acción directa”, sin pasar por los procedimientos legales; muchas veces se firma contratos para la construcción de carreteras, puentes y caminos a cargo de las instituciones encargadas de llevar a cabo esas obras; se hace compras para las empresas estatales o para las oficinas de cualquiera de los poderes, pero sin licitación, aunque este proceso cuando no es omitido da lugar a elegir lo mejor, lo que corresponde a las arcas fiscales y al prestigio del propio Gobierno.

En muchos casos, la falta de licitaciones públicas permite el ingreso de la corrupción y se ha observado que las facturas tenían sobreprecios: uno es el costo FOB de la mercadería y los recargos hasta el estado de CIF con los gastos de transporte, aduaneros, impositivos, etc., y otros son los montos inflados porque “se tiene que pagar comisiones” a quienes corren con los trámites hasta de firmas y otros procedimientos para acelerar las transacciones. Que esto no ocurre ni pasó en el pasado en forma continua o permanente, es cierto, pero las excepciones, que son parte de la corrupción, sientan precedentes funestos para que muchos funcionarios se corrompan y surjan, además, otros que se presten a ser corruptores.

El Gobierno tendría que revisar sus políticas en relación con las licitaciones y cuando se trate de cuestiones de suma urgencia, seguir los procedimientos legales, pero con cargo de aprobación legislativa; es decir que lo urgente y perentorio no puede soslayar el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Estos procedimientos son, en todo caso, las mayores salvaguardas de la honestidad y responsabilidad del régimen gobernante; de otro modo se corre el riesgo de que queden resabios que, con el tiempo, pueden ser causa de juicios de responsabilidad.

Finalmente, es necesario pedir que el Legislativo exija el cumplimiento de las disposiciones que regulan las actividades gubernamentales; de otro modo, se colocan sus miembros, senadores y diputados, en situación de vulnerar las leyes, hecho que no debería ocurrir por ninguna causa o razón. El Ejecutivo, al sentir que el otro poder, el Legislativo, cumple y hace cumplir las leyes, confiará más y actuará en forma condigna con la Carta Magna y las leyes.