Fernando Valdivia Delgado
Las prohibiciones que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) impuso a los candidatos a las elecciones para la Gobernación del Departamento del Beni, aunque tardías, tienen significativa importancia en su objetivo de mostrarse como un juez que vela, en cierto grado, por su imparcialidad e independencia respecto del poder central.
Se trata de limitar la participación de esos postulantes en todos los actos públicos que organice el Ejecutivo, para la entrega de obras, así sean mínimas, al considerarse que la “candidata oficialista” se mostraba como la “abanderada del desarrollo departamental” y, de manera subliminal, buscó capturar el caudal de votos indecisos que, según sus propios cálculos, podrían darle el triunfo.
La reacción tardía del TSE, de todas maneras, limita la desproporcionada asistencia de dicha candidata a los actos programados por el Presidente del Estado, en todos los rincones de la extensa base territorial, lo que, sin embargo, ha provocado una natural reacción en el ciudadano común, que el próximo 20 de enero asistirá al evento electoral y que hoy comenzó a despejar su mente de aquel espejismo que había intentado “cautivar” su decisión.
El objetivo final de la decisión, tal como se lo siente, es cubrir todo aquel elemento que pudiera invalidar el proceso electoral, al considerárselo como viciado de nulidad por su parcialización y dependencia del poder central. La disposición concibe el principio del equilibrio y la equidistancia que debe existir entre los cuatro candidatos y el Poder Electoral, así como su vinculación directa con el Gobierno.
Pese a ello, en el mundo político - partidario se da por descontado el triunfo del oficialismo sobre sus contendores, no sólo por las acciones que facilitaron una anterior e intensa campaña desplegada a través de la entrega de “muchos regalos” realizados por el Ejecutivo, que refleja la vigencia de una estructura social que funciona a través de la prebenda, tal como se lo ha demostrado con el problema que enfrentan los pueblos originarios del Territorio Indígena del Parque Isiboro Sécure (TIPNIS).
De acuerdo con el análisis de las preferencias electorales basadas en aquellas encuestas con claros rasgos de imparcialidad, de hecho se desprende que de los cuatro frentes habilitados para la contienda electoral beniana, Carmelo Lens, abogado con una “interesante trayectoria política”, estaría encabezando el cúmulo de votación, seguido por la oficialista Jessica Jordan, Pedro Nuni y Ademirzon Algarañaz.
El TSE no ha podido despejar las susceptibilidades que siente “el común de la gente” o los propios partidos del sistema político nacional, lo cual motivó varias convocatorias para que “todos los benianos se declaren en estado de alerta y vigilantes”, tanto para los resultados que se pueda obtener en el proceso de inscripción o empadronamiento biométrico, como para los comicios de enero próximo y se evite “sorpresas de otra índole”. Se trasluce sospechas sobre un eventual fraude electoral que, desde el siglo pasado, ya no es “sorpresa ni novedad de otra índole”, según algunos parlamentarios de la oposición. De todas maneras, se espera una masiva participación ciudadana.
En la perspectiva histórica, el resultado de estos comicios dará al país una clara visión en cuanto a lo que aspira la sociedad boliviana y, de manera concreta, sus resultados definirán hacia el futuro, una serie de parámetros en la política nacional, para encarar el futuro proyecto nacional que el 2013 inicia un nuevo periodo pre electoral.
La participación ciudadana, en el ejercicio del más puro sentimiento democrático del pueblo, se da en la votación que decide sobre la elección de sus futuras autoridades que administrarán, esta vez, la Gobernación del Departamento del Beni. Pero, además, permitirá que esa decisión democrática abra las puertas a una verdadera, real y efectiva democracia participativa que, muy intensamente, proclama en el discurso el poder central vigente.
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