Menudencias
Juan León Cornejo
Los sucesos de esta semana son excelente resumen de nuestra realidad política y social. Del análisis de esa realidad y su contexto puede resultar, pues, una excelente lección del quehacer político a partir de la aparentemente inocente divergencia de criterios entre dos altos miembros del Gobierno.
El primer indicador es que lo ocurrido entre la Presidenta de Diputados y el Ministro de Gobierno pone en evidencia tensiones políticas naturales cuando un poder del Estado ejerce dominio hegemónico sobre el otro, independiente sólo en la teoría constitucional. Que un miembro del Ejecutivo pretenda imponer la aprobación sin enmiendas de un proyecto de ley justamente al poder encargado de redactar normas legales es típico de regímenes totalitarios. Las leyes nacidas de esa manera, por lo general, no buscan el bien común. Suelen redactarse, más bien, en función del interés político de un gobierno, que no siempre es el interés del país.
El segundo indicador tiene que ver con la corrupción, otro de los grandes males de nuestra realidad. Se trata de la coincidencia entre el tema detonante de la discrepancia entre los dos personajes y el descubrimiento de una red de corrupción que involucra a ex funcionarios de los ministerios de la Presidencia y de Gobierno.
Las diferencias salieron a luz por las críticas de la Presidenta de la Cámara de Diputados a un proyecto de ley del Ministro de Gobierno. La norma propuesta tiene, en apariencia, fines nobles: la lucha contra la corrupción, el contrabando y el narcotráfico. Pero toda ley debe garantizar derechos constitucionales, en la misma medida en que impone sanciones. Sobre todo si entre las sanciones figura la confiscación casi inmediata de bienes de las personas denunciadas.
El caso de Jacob Ostreicher exime comentar sobre el peligro potencial de normas de esa naturaleza. El norteamericano está preso desde hace diez meses por un intento de extorsión. Y la venta de sus bienes benefició a funcionarios de gobierno que presionaron a jueces y fiscales para negarle justicia. “Si eso han hecho con un norteamericano, que está bajo la lupa diaria de su consulado, vaya uno a saber qué ha sucedido con otros individuos vinculados a actividades criminales”, según el Ministro de la Presidencia.
Se puede, pues, suponer que hay otros casos de extorsión. Por
Ostreicher abogó su amigo, el actor Sean Penn, designado embajador boliviano de la coca, por el presidente Evo Morales. No todos, lamentablemente, tienen un amigo del peso de Penn. El asunto es que si la extorsión desde el poder se utiliza con fines delincuenciales, puede también utilizarse con fines políticos, porque hay gente que practica eso de que el fin justifica los medios y actúa en consecuencia. Con impunidad, por eso del peso político.
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