Los tentáculos de la corrupción

El descrédito de las instituciones del Estado, a las que muchos bolivianos por principios siempre hemos defendido, se debe a la deshonestidad con que tradicionalmente las han manejado los gobiernos, sean de izquierda o derecha. Se ha evidenciado, en cúpulas de la administración pública, sobrefacturación, engaño en las cotizaciones, mala calidad de los materiales adquiridos, fraude en licitaciones, obras mal ejecutadas, contratos lesivos al Estado, tráfico de influencias, dispendio económico en viajes inmotivados con delegaciones numerosas al interior y exterior del país y otros.

No se puede negar que los tentáculos de este mal endémico han penetrado en el actual Gobierno, incluso muchos casos han sido y están siendo consentidos por la población, obedeciendo a la fuerza de la costumbre.

Es tal el poder de las conductas ilícitas, que en Bolivia se ha conseguido fortunas mediante prácticas como el contrabando, narcotráfico, apoderamiento de recursos y fondos del Estado, negociados a costa de los organismos públicos, evasión impositiva, etc.

La corrupción es una pandemia que afecta a quienes a su turno manejan asuntos públicos y a quienes se arrogan poder discrecional en la administración de recursos económicos, especialmente de empresas estratégicas como YPFB, ENTEL, COMIBOL. Muchos ejecutivos de diferentes entidades públicas viven en un estado de pecado estructural.

La defensa del interés público y del patrimonio de un país pobre, que sufre por la desocupación, insuficientes sueldos y salarios, así como por la pobreza, postergación y exclusión, no admite encubridores ni cómplices con la corrupción.

Los órganos públicos deben ser en estos casos implacables, aplicando la Ley y normas administrativas. Causa indignación conocer los desmesurados privilegios de algunos funcionarios que han pasado y pasan por los Órganos del Estado, por el vergonzoso dispendio económico del que disfrutan. No se puede negar el surgimiento de una nueva clase social que va mostrando opulencia frente a la gran mayoría que vive en pobreza y otros que luchan por mejores condiciones de vida.

Se debe extirpar la inmoralidad funcionaria para forjar un pueblo austero, consagrado al cumplimiento de sus deberes. Se tiene que hacer uso de los derechos que la Ley concede para actuar contra quienes dispongan de recursos del Estado, de empresas de servicio público para enriquecerse ilícitamente.

El último escándalo público de ex funcionarios del Palacio Quemado y del Ministerio de Gobierno hace suponer el grado de descomposición y el tremendo mal que se está ocasionando a la administración del Estado. Se requiere una decisión firme de las autoridades correspondientes para el esclarecimiento no sólo del caso Jacob Ostreicher sino también de otros hechos relacionados con el manejo de asuntos públicos; todos esperamos que así sea.

Unzaga decía: “la lucha contra la corrupción es titánica, el camino moral es el más largo, pero el más firme, sus éxitos menos brillantes, pero más duraderos”.