Oposición cree que existen más casos de extorsión y manipulación de la justicia

El descubrimiento de un grupo de extorsionadores conformado por asesores legales del Ejecutivo ha generado la susceptibilidad de la oposición que considera que existen otros casos donde se manipuló la justicia para beneficio propio como en los temas políticos de Roger Pinto y Leopoldo Fernández u otras investigaciones como la de supuesto terrorismo, donde se implica a Ignacio Villa Vargas, alias “El Viejo”, quien admitió que recibía un salario del Ministerio de Gobierno para implicar a las cabezas de la media luna en actos irregulares.

Para el diputado por Convergencia Nacional (CN), Roy Moroni, éste es apenas el inicio del descubrimiento de más implicados, lo que confirmaría el abuso de poder de varios funcionarios estatales.

“Estos abogados, se dejaron llevar por los beneficios que traen estos delitos, hacen quedar mal al gobierno de Evo Morales y a todos los bolivianos, como si fuésemos un país de extorsionadores. Creo que el Presidente debe empezar a limpiar la casa por dentro, estos delitos están en los pasillos del Gobierno”, dijo.

Asimismo, Moroni hizo referencia a que este grupo de asesores legales estaría involucrado en otros casos de índole político o común. El exdirigente cívico de Villa Montes, Felipe Moza, lleva cuatro años de detención preventiva en la cárcel de San Pedro por presunta participación en el caso del ataque al ducto de la región.

“La condena por su delito es de cuatro años, y ya cumplió esta semana cuatro años de detención preventiva y aún no tiene sentencia ejecutoriada”, lamentó.

El diputado por Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro, coincide con Moroni respecto a que los asesores involucrados en estos delitos extendieron sus influencias en casos comunes y políticos, permitiéndose a sí mismos ser presa de la ambición de poder y la corrupción.

El senador por Convergencia Nacional (CN), Roger Pinto, quien cumplió seis meses de estar asilado en la Embajada de Brasil, publicó en su cuenta de red social una fotografía en la que se observa al legislador saliendo de un juzgado, al que asistió para declarar por uno de los más de 20 procesos que le sigue el Ejecutivo. Pero la imagen también muestra al abogado Fernando Rivera, detenido ahora por ser parte de la red de extorsión.

“Mi solidaridad con su familia, sé lo que sienten aunque por causas diferentes. La extorsión y persecución política tuvieron sus operadores pero también sus mandantes como lo denunciamos. Creo que llegó el momento de reconducir todo esto. Amnistía y reconciliación ya”, expresa Pinto en las redes sociales.

Por otro lado, el representante de Nueva Alianza Bolivia (NAB), Amilcar Barral, informó acerca de su visita al exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y afirmó que la exautoridad también fue víctima de estos abogados.

“Tenemos información de que uno de sus acusadores, obsesionado con ver a Leopoldo tras las rejas, era el asesor jurídico Fernando Rivera. Me pregunto qué dirá ahora cuando se encuentre con don Leopoldo en San Pedro. La vida da vueltas y el poder no dura toda la vida”, manifestó Barral.

El pasado martes, Ignacio Villa Vargas, conocido como “El Viejo”, uno de los 39 imputados en el juicio oral por presunto terrorismo y alzamiento armado, sufrió un preinfarto en su celda en el penal de Morros Blancos y fue trasladado al hospital San Juan de Dios.

“El Viejo” reconoció que teme por su vida debido a las amenazas de muerte recibidas, debido a los conocimientos que tiene acerca del accionar de los exfuncionarios y agentes del Gobierno.

Según su versión trabajó como chofer del grupo terrorista y que recibía un sueldo de Bs 7 mil que era cancelado desde el Ministerio de Gobierno, aunque no existe una planilla que confirme su versión.

Las amenazas en contra de Villa Vargas se dieron después que identificó a Luis Clavijo, al capitán Walter Andrade y a la policía Marilyn Vargas como los autores de los atentados en contra del cardenal Julio Terrazas y del concejal Saúl Avalos, hechos ocurridos en abril del 2008, días antes de la intervención y posterior muerte de tres miembros de la supuesta cédula terrorista dirigida por Eduardo Rozsa.

Por otro lado, Fabio Joffré, abogado de Claudia Liliana Rodríguez, exsocia de Jacob Ostreicher, denunció que la red de extorsión habría tratado de extorsionar a su clienta, tratando de cobrarle 30 mil dólares para que no sea trasladada de la cárcel de Palmasola a la ciudad de La Paz. Al parecer, al no haberse concretado este pago se la derivó al centro penitenciario de Miraflores en la Sede de Gobierno.

De acuerdo con las autoridades del Ejecutivo, las investigaciones continuarán y se garantiza que no existirá encubrimiento a ninguno de los implicados. La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, afirmó que el oficialismo asumirá la misma medida y pedirá a la Fiscalía General del Estado que haga un seguimiento exhaustivo del caso.