Surge debate en organizaciones sobre anteproyecto de Ley de Control Social

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, manifestó que la influencia directa de las organizaciones sociales en el Órgano Judicial y la Fiscalía aún no está definida en el tratamiento de la Ley de Participación y Control Social, ya que la norma está en debate. Líderes y exdirigentes alejados del Gobierno rechazan el contenido de este proyecto porque aseguran que esas organizaciones sociales no tienen esta potestad.

Por otro lado, el Consejo Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve) no descartó que de aprobarse la ley accederán a desarrollar sus “nuevas funciones”.

“Quizás las cosas se puedan entender respecto a esta ley, pero las organizaciones tienen que cumplir estas nuevas funciones en caso de que se apruebe esta norma. Sólo estaríamos cumpliendo con la Constitución Política del Estado (CPE)”, se limitó a decir el dirigente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales, Efraín Chambi.

Por otro lado, el principal representante de los interculturales y colonizadores, Gustavo Aliaga, manifestó que el objetivo de esta ley es fortalecer las funciones de las organizaciones sociales establecidas en la Carta Magna.

“Si hay que intervenir en la justicia, hay que hacerlo, es nuestro deber, no pueden quitarnos ese derecho. Pero si hay problemas, podríamos aprobar un reglamento donde se establezcan los límites necesarios. De todas maneras hay que esperar a que concluya el debate”, citó.

Aliaga no descartó que puedan ejercer el control social en instancias internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unesco, entre otras, fiscalizando su labor y el manejo de recursos principalmente.

A su turno, el exdirigente de Confederación Sindical Única de. Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Rufo Calle, afirmó que el Gobierno pretende crear un supra poder a través de las organizaciones sociales y fortalecer la injerencia política en el Órgano Judicial, ya existente. “Con esto la justicia terminaría por perder su independencia”, citó.

Asimismo, el secretario Ejecutivo del sector de Conaljuve que no respalda al aparato estatal, Benjamín Cáceres, condenó este proyecto y denunció que el oficialismo no convocó a este sector para la socialización de esta normativa. “La independencia de poderes tiene que respetarse, con esta norma, estamos en retroceso”, indicó.