La corrupción corroe al Gobierno

En reiteradas oportunidades nos hemos referido a la presencia de algunas conductas que rayan en la corrupción en el interior del Gobierno, conductas que tienen su origen en el pensamiento que muchos funcionarios públicos manejan, cuando dicen textualmente: “Los anteriores gobernantes han gozado del poder y han amasado fortunas, ahora nos toca a nosotros” (sic). Este pensamiento nos da la impresión de que el ejemplo del pasado continuará en el presente, pero con características más oprobiosas.

En un momento de mi actividad profesional, pude decirle personalmente al presidente Evo Morales que rondaba en su gobierno la corrupción, particularmente en el área de los hidrocarburos, aunque también se la observaba en otras áreas, como la administración pública y el Poder Judicial, criterio que no fue escuchado por S.E. Esta admonición fue hecha cuando presentamos renuncia a la Superintendencia de Hidrocarburos, designación con la que nos honró esta autoridad en agosto de 2006, al dejar el cargo que ejercimos durante diez días; menos mal que los hechos posteriores nos dieron la razón.

La existencia de una red de extorsionadores que manejaban la justicia estaba cimentada en el ejercicio del poder que altas autoridades concedieron a funcionarios de segundo nivel, funcionarios que no sabemos de dónde fueron reclutados sin conocer sus conductas, pero tampoco por quiénes fueron reclutados y, en consecuencia, todo lo acontecido en los últimos días es responsabilidad de aquellos que los reclutaron.

Cuando como juristas asistimos como observadores a algunas audiencias, tanto de medidas cautelares como de procesos orales en materia penal, percibimos que evidentemente los asesores jurídicos dependientes del Ministerio de Gobierno presionaban a las autoridades judiciales e inclusive a quienes representaban al Ministerio Público.

En una oportunidad escuchamos una advertencia proferida a algún Juez de Medidas Cautelares, por cuya razón reclamamos la aplicación de aquel principio fundamental, que es parte de la formación profesional de todo jurista, que es el respeto a la independencia de poderes; en este caso la “independencia del Poder Judicial”, que doctrinalmente determina mostrar la imagen de un país, de un Estado o de una República, aspecto que no se respeta por parte de los gobernantes de ayer y de hoy, pese a estar establecido por el Art. 12.1) de nuestra Constitución Política del Estado.

El caso que está conmocionando al mundo entero, cuyo origen es la detención del súbdito judío-americano Jacob Ostreicher, lacera la inteligencia jurídica de nuestro país. Este caso y muchos otros nos están mostrando que la corrupción está corroyendo al gobierno de Evo Morales, pese a la presencia de un Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Lo lamentable será que en el futuro este ciudadano exigirá el reconocimiento del daño moral y el daño civil que se le ha ocasionado, debiendo correr con dicha obligación el Estado Plurinacional.

Varios juristas no comprometidos con los políticos de ayer ni de hoy, a través de Alianza Patriótica de Abogados (APA), están analizando la necesidad de conformar un instrumento con los mejores juristas, así como la intervención de todos los sectores sociales a fin de iniciar una cruzada a favor de la INDEPENDENCIA del Órgano Judicial. Y paralelamente proceder a efectuar auditorías judiciales, no solamente donde el Estado es parte de un proceso, sea penal, civil o administrativo, sino también en el sector privado, porque la clientela que acude a los estrados judiciales infelizmente no tiene las garantías de un debido proceso, menos se respeta sus derechos a la defensa y a la imparcialidad, salvo excepciones que en su momento serán reconocidas.

Por esta realidad nacional sostenemos que “El ejercicio del poder corrompe y su sometimiento degrada”.