La audiencia de Fernando Rivera, Denis Rodas y Ramiro Ordóñez, ex funcionarios gubernamentales que integraban una red de extorsionadores, se instaló ayer a las 9:30 de la mañana y prosiguió hasta pasada la medianoche, donde se conocieron más datos reveladores que involucraron a otras autoridades judiciales en el caso Ostreicher.
En primera instancia los acusados solicitaron la suspensión de la audiencia debido a la falta de algunos documentos que ellos requerían como información fundamental, solicitud que fue denegada por el juez.
A casi una hora de instalada la audiencia, una de las partes legales del acusado Fernando Rivera presentó un documento con el que se intentó recusar al juez por una supuesta parcialización con el Ministerio Público, sin embargo, el juez no admitió estos argumentos y la audiencia prosiguió.
El Ministerio Público imputa a los detenidos por los delitos de uso indebido de influencias, extorsión y otros pidiendo la detención preventiva de los implicados en el caso de extorsión al norteamericano Jacob Ostreicher. El juez Juan José Zubieta declaró cerca del mediodía un cuarto intermedio en la audiencia.
Por la tarde, la audiencia continuó mientras se abría la posibilidad de que los tres funcionarios públicos, implicados en el caso “Ostreicher” serían enviados al Centro de rehabilitación de Santa Cruz “Palmasola”, por los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal, incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y otros.
La audiencia fue instalada por el juez Juan José Zubieta y el fiscal, Ángel Álvarez, en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, donde se hicieron presentes los imputados Fernando Rivera y Dennis Rodas Limachi, además del ex funcionario de la Dirección de Registro y Control de Bienes Incautados (Dircabi), Ramiro Ordóñez López, denunciados de extorsionar al estadounidense Ostreicher.
La cautelar para los ex funcionarios públicos tenía que llevarse a cabo el día jueves 29 de noviembre del presente año, el mismo que fue suspendido para el día de ayer, puesto que los sindicados manifestaron no tener abogados para ser asistidos en la audiencia cautelar, además que indicaron haber estado incomunicados por más de 36 horas.
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