Suman denuncias contra acusados

Un nuevo caso que involucra a los abogados Fernando Rivera y Dennis Rodas Limachi salió a luz ayer, luego que Ximena Fortún denunciara que éstos le pidieron 20 mil dólares para dejar que su padre pueda gozar de la detención domiciliaria.

Ximena Fortún contó a la red PAT que entregó el dinero pedido pero no se cumplió lo prometido, de manera que Guillermo Fortún Sanjinés siguió encarcelado y sólo pudo recibir atención médica fuera del recinto penitenciario, hasta que perdió la vida.

“Hemos sido víctimas de las extorsiones de ellos, de las llamadas de amenazas, de los informes que salían por debajo de los pasillos, las entradas a los jueces antes de que se realicen nuestras audiencias que inmediatamente caían en forma negativa”, relató Fortún.

Se comprometió a entregar un informe al respecto al Ministerio de Gobierno donde detallará el nombre de otras personas que se dieron a la tarea de solicitarles dinero.

En Santa Cruz, familiares del alemán Dirk Smith y del expolicía René Navia insultaron a Rivera y Rodas cuando éstos acudieron a declarar ante el juez que atiende el caso de extorsión, mientras otros circunstantes insultaban a los dos citados abogados, acusándoles de otros actos dolosos.

“Mi hijo está dos años injustamente detenido. Éstos me pidieron 50 mil dólares y luego bajaron el monto a 30 mil dólares. Tienen que pagar por todo esto”, dijo la madre de René Navia.

“A ese tal Dennis Rodas lo conocí como extorsionador desde que trabajaba con un tal abogado Morales en La Paz, es un delincuente de monta mayor. Tiene que recibir una sanción dura y es una vergüenza que ejerza la profesión de abogado. Para seguridad de la sociedad debe quedar encerrado por un buen tiempo”, dijo una de las supuestas víctimas de extorsión.

De acuerdo con denuncias anteriores, Rivera y Rodas recibieron amplios poderes desde que Sacha Llorenti estuvo al frente del Ministerio de Gobierno, de manera que podían obtener información y colaboración sin restricción a todas las instancias del Ministerio Público y del Tribunal Supremo de Justicia.