La inefectividad de la justicia boliviana se traduce en hacinamiento carcelario

El hacinamiento carcelario en Bolivia es una consecuencia de la inefectividad en cuanto a la administración de justicia en el país, según las conclusiones del último informe nacional de coyuntura, de la Fundación Milenio.

Un estudio reciente llevado a cabo por la ONG “Fundación Construir” denominado “Reforma procesal penal y detención preventiva en Bolivia” da a concer datos alarmantes respecto a la cantidad de personas hacinadas a causa de la detención preventiva.

“Además refleja las causas de esta situación, entre ellas la mala actuación de los fiscales, la retardación de justicia y la escasez de recursos que impide a muchos internos acceder a su defensa técnica”, señala Milenio.

Otra triste conclusión tiene relación con la subsistencia del sistema inquisitivo en la administración de justicia, un sistema en el que en lugar de probar la culpabilidad de quienes se denominan presuntos delincuentes, se obliga a los acusados a probar su inocencia.

“Una gran cantidad de las personas hacinadas son pobres, no tienen recursos suficientes para mantenerse, menos para contratar un abogado defensor. Otros, debido a su ignorancia sufren de violaciones de derechos fundamentales que desconocen y derechos relativos a las garantías mínimas al debido proceso”, explica el documento.

Según la información disponible el Estado eroga entre Bs 7 y 9 por recluso diariamente, un promedio de Bs 8. Tomando en cuenta que existe una sobre población carcelaria de 4,962 presos, el Estado gasta adicionalmente 171,103 dólares mensuales, aproximadamente, y 2.05 millones de dólares por año.

Un monto importante, que existiendo una eficiente administración de justicia, podría invertirse en proyectos relativos al desarrollo sostenible del país, en ámbitos como la educación, salud u otros de vital importancia.

Por tanto, esta realidad se convierte en un asunto no solo relativo al segmento judicial del país sino se trata de una cuestión de interés nacional, y merece mucha más atención e importancia de la que ha recibido hasta el momento.

Es el costo para las familias y para la sociedad en su conjunto que representa el sacar de la actividad productiva a personas que se encuentran en la plenitud de sus capacidades laborales. Algunos presos se ven obligados a realizar pequeños trabajos para mantenerse, dedicando algunas horas de su tiempo a la artesanía (carpintería, tejidos, lavado de ropa, impresiones serigráficas, etc.), pero como no tienen la especialidad técnica tienden a desperdiciar insumos y producir bienes de baja calidad que no encuentran fácilmente mercado.

“Estas pérdidas tal vez se justifiquen en los casos de delincuentes verdaderamente peligrosos, pero ellos son una minoría de la población encarcelada”, agrega el informe.

“Los 8,700 presos estarían dejando de producir 95.7 millones de dólares anuales. Es un costo alto, sobre todo si se considera que una gran cantidad de personas están detenida por pequeñas transgresiones, sospechas o errores procedimentales, o por normas arbitrarias que han producido más que resuelto problemas, como las de lucha contra las drogas”.

Una cantidad muy elevada de presos implica, por tanto, un alto costo fiscal pero un costo que es incluso mayor para el desarrollo del país. Y a ello habría que añadir el costo específico para las familias, que deben reemplazar a uno de sus miembros más productivos para cubrir las necesidades de alimentación, vestimenta, salud y educación de los niños, agrega Milenio.