Justicia vulnerable y red de extorsión

Una red de extorsionadores anidados en dos ministerios impacta a la ciudadanía y deteriora la imagen del Gobierno internamente e internacionalmente. Jacob Ostreicher -judío estadounidense- resulta una de las víctimas de los timadores, quien en 2008 adquirió 12.000 hectáreas para dedicarlas al cultivo de arroz, pero fue engañado al comprarlas al famoso narcotraficante brasileño Maximiliano Dorado, ahora preso en Paraná. Dicha operación aguzó el olfato de la banda y fue suficiente para detener al extranjero en Palmasola durante 18 meses a la fecha.

El abogado del ministerio de Gobierno, Fernando Rivera Tardío, está acusado de organizar al grupo delictivo, contando con la participación de otros abogados de ese Portafolio, pudiendo citarse a José Manuel Antezana, ex Director de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia, como otro alto miembro de la organización y final actor de proponer al detenido la entrega de 50.000 dólares a cambio de su libertad. Enseguida Antezana cambió de estrategia y optó por prometer a Ostreicher su inclusión en el anunciado indulto masivo a fin de que no delate los hechos.

Mientras los extorsionadores mantenidos en sus cargos por varios ministros, manipulaban a su antojo a la Justicia, DIRCABI (Bienes Incautados) negociaba 20.000 toneladas de arroz de propiedad del imputado a vil precio, así como ganado de raza y maquinaria agrícola, dando testimonio de que los decomisos similares sólo sirven para enriquecer a los sátrapas de esa repartición.

La vasta tramoya sentada en la Justicia cruceña y en el Ministerio Público resultó infranqueable para atender los recursos jurídicos de la defensa, encausar el proceso por la vía correcta y mostrarse sorda ante las gestiones de legisladores norteamericanos, preocupados por las características irregulares del caso. Para darse idea de la estudiada retardación basta recordar que de 26 audiencias convocadas 24 fueron suspendidas con diversos pretextos. Estos extremos muestran el sometimiento y la vulnerabilidad de la Justicia Nacional, frente al abuso de poder de los funcionarios implicados, cuyas instrucciones eran cumplidas a pie juntillas por jueces y fiscales, si es que no participaban de algún modo de la extorsión.

El desmantelamiento de esta red tardó varios meses en ser puesta en evidencia, pese a la inexistencia del crimen perfecto. De ahí que resulta tardía la sorpresa del Ministro de Gobierno cuando dice que le llamó la atención la dilación del proceso. El Grupo de Investigaciones de Casos Especiales de la Policía tomó a su cargo las diligencias hace tres meses. Su faena fue exitosa, sin duda, por el destramado y las pesquisas efectuadas.

El Gobierno se coloca en un punto de inflexión. O se deshace del peso de la carga de corrupción que sigue el paso de toda su gestión o enajena definitivamente la confianza que como nunca le ha obsequiado la comunidad nacional y, lo que es peor, estas novedades menoscaban aún más la imagen ya deteriorada del país. No en vano, pues, estamos tildados de ser uno de los países más corruptos, calificación que tanto disgusta a los hombres de Gobierno.

Ahora bien, tampoco se duda que en los gobiernos pasados el manto de encubrimiento tenía enormes dimensiones, pero la corrupción viene convirtiéndose cada vez más en un problema estructural que afecta a gran parte de la sociedad boliviana. Esta es una ocasión para poner coto a la impunidad que es el mejor aliado de los corruptos. Que la presente sea ocasión para que termine el congelamiento de los muchos procesos que favorecen a gente ligada al oficialismo. La regeneración del aparato estatal es una demanda imperiosa e inaplazable, más allá del discurso y de los prejuicios.