Los corruptos del Gobierno de Lula son castigados en “juicio del siglo”

La justicia brasileña condenó a 25 exfuncionarios tras escándalo por varios delitos.


Los procesados eran inicialmente 40, pero el exsecretario general del PT Silvio Pereira cambió una eventual condena por servicios comunitarios y el exdiputado del PP José Janene falleció en 2010.

Para los influyentes en Brasilia, simplemente es el Caso de Acción Penal 470. Para todos los demás en Brasil, es el juicio del siglo. Conocido coloquialmente como el mensalão —el escándalo de los sobornos mensuales—, el caso decidió los destinos de aproximadamente 25 exfuncionarios gubernamentales de alto perfil y ejecutivos eminentes que han sido acusados de un conjunto de delitos graves, desde lavado de dinero hasta compra de votos. Sin embargo, más que el destino de las decenas de acusados, el caso que está en la fase final en la Suprema Corte —y seguido martillazo a martillazo en tiempo real por millones de brasileños— también, dice mucho sobre el imperio de la ley y la calidad de la democracia en el país más poderoso de Latinoamérica.

Vestidos con togas y taciturnos los 11 jueces de la Suprema Corte brasileña no han estado bajo tanto escrutinio desde el juicio del deshonrado expresidente Fernando Collor de Mello, quien en 1992 renunció bajo una nube de fechorías (aun cuando al final fue absuelto de corrupción). Y aun así, el alcance e impacto del mensalão —según los fiscales, se extendía desde el Congreso Nacional hasta el palacio presidencial— es potencialmente mucho más devastador.

Remontándonos a 2005, el mensalão comenzó muy prosaicamente, cuando un burócrata de nivel medio en el servicio postal fue filmado al embolsarse un soborno modesto (alrededor de $us 1.500) a cambio de una promesa para favorecer que ciertos negocios obtuviesen contratos gubernamentales. Pero cuando altos asesores del entonces presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, buscaron lavarse las manos ante el escándalo, el padrino político del “cleptócrata”, el legislador veterano Roberto Jefferson, se irritó de más. Jefe de una minoría en la alianza de gobierno multipartidista de Lula, Jefferson habló de una estratagema enorme de compra de votos en Brasilia, acusando a figuras superiores del gobernante Partido de los Trabajadores de repartir grandes pagos mensuales a legisladores dispuestos a apoyar en el Congreso las iniciativas del gobierno. Aunque tenía poca evidencia dura, Jefferson describió el chanchullo de sobornos con lujo de detalles, incluidas historias sobre maletines llenos de dinero que cambiaban de manos detrás de puertas cerradas. El escándalo creció y derribó a un grupo de altos funcionarios, incluido el jefe de gabinete de Lula, José Dirceu, a quien el Fiscal General luego llamó el “líder de una sofisticada organización criminal”.

Y aun cuando Lula no es juzgado, la reputación del hombre tremendamente popular y hasta ahora parecido al Teflón podría verse arruinada.

La compra de votos difícilmente es noticia en Brasilia, donde los presidentes rara vez gozan de una mayoría en el Congreso y, por lo tanto, continuamente se humillan y negocian apoyos entre los legisladores, quienes cambian de alianzas como cambian de calcetines. Otros señalan que la corrupción es una obra en curso, siempre ajustándose a las oportunidades cambiantes que permite una gran burocracia. Los “partidos (políticos) se crean para obtener puestos (en el Gobierno) y no como entidades representativas”, dijo Demétrio Magnoli, un científico social brasileño, a una concurrencia durante un seminario en São Paulo. Evidencia A: los 24.000 puestos de servicio público en Brasil, los cuales pueden ser concedidos o negados a la discreción total del presidente. Aun así, hay evidencia de que la corrupción ha disminuido en la última década. Desde 2003, la oficina del auditor federal ha despedido a casi 4.000 empleados del servicio público, la mayoría de ellos por cargos de corrupción y deshonestidad. Los contralores federales también han puesto en la lista negra a cerca de 2.000 compañías y casi 3.000 individuos en cuanto a licitaciones públicas por prácticas comerciales sospechosas. Pero todavía hay mucho que depende de las palabras de la corte superior. “Brasil está en una coyuntura crítica”, dice Carlos Pereira, un analista político de la Fundación Getulio Vargas con oficinas en Río de Janeiro. “Si no se castiga a los corruptos, ello reforzará la idea de que los ricos son inmunes al castigo, mientras que la cárcel es para los pobres y los negros”. Esa es una historia que los brasileños conocen demasiado bien. Newsweek en español.

 
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