Los castigos a la meritocracia

Como parte de la sabiduría popular, existe una máxima muy ilustrativa: “La necesidad obliga”. Esta especie de penalidad ha impuesto el régimen actual a los servidores públicos que se destaquen por su capacidad y eficiencia.

Cuando Evo Morales asumió la jefatura del gobierno emitió un decreto por el que redujo el sueldo mensual que tenían los presidentes anteriores, fijándolo en Bs. 15.000. Si ese era su voluntad, podía muy bien hacerlo. Pero lo cuestionable es que, al mismo tiempo, dispuso que en la administración pública nadie gane más que él.

A todas luces, este fue un acto de mezquindad, aparte de ser arbitrario. En buen romance, un castigo a quienes han realizado estudios académicos de distinto nivel y que, por tanto, tienen el derecho de percibir un salario acorde con su jerarquía profesional.

Además, de crear honestamente el patrimonio que le sea posible, como producto de sus méritos y esfuerzos en el trabajo.

Algo por el estilo no se ha visto que ocurra en país alguno. A la inversa, el presidente de Uruguay, José Mujica, no redujo el salario presidencial, pero lo que excede a sus austeras necesidades personales y familiares los dona a obras sociales sin publicidad.

En el caso de Morales, en las últimas semanas, se puso en evidencia que no gasta un centavo de su salario, ni siquiera en obligaciones familiares. Aparte, que triplicó su patrimonio, sin explicar claramente cómo lo hizo.

La fijación de un tope fijo, que año tras año pierde valor, porque aumenta el costo de vida y crecen las necesidades familiares, es una flagrante injusticia. Sucede algo peor, se humilla a los profesionales y funcionarios de carrera, colocando en los cargos jerárquicos a gente carente de formación o experiencia en la función pública. Resultado: mala gestión gubernamental.

Se observa con asombro que, aparte, esa gente improvisada hace un festín de los altos cargos que tiene, incurriendo en actos de corrupción. El escándalo actual, que compromete a funcionarios del mismo Palacio de Gobierno y del Ministerio de Gobierno, no sería el único. El Ministro de este sector habló de la existencia de otras redes de corrupción en el resto del aparato estatal.

A ello, se suma ahora otra genialidad del supra poderoso Ministro de Economía, con un nuevo castigo a la meritocracia o a la cualificación en el trabajo individual, que es producto de la dedicación y esfuerzo propio. Los funcionarios que ganan más de Bs 13.000 tienen que ceder una parte de su ingreso para cubrir el costo de rentas jubilatorias, que se multiplicaron de forma exorbitante en los dos últimos años.

La medida constituye una extorsión intolerable. Si el régimen optó por realizar concesiones para acogerse prematuramente a la renta jubilatoria, lo justo es que su costo cubra con recursos fiscales, en vez de dilapidarlos en gasto corriente.

Nadie cuestiona que la política social se amplíe lo más que se pueda, pero no es justificable que el gobierno cargue sus costos a quienes ganan algo más que el resto. Esta es una forma de desalentar la búsqueda de la excelencia y de desconocer el talento en el trabajo.

El llamado “Aporte Nacional Solidario” para los nuevos jubilados no puede ser obligatorio. Es una falacia darle ese nominativo a algo que es impuesto, que en buenas cuentas es una exacción atrabiliaria.

En el fondo, aquello de otorgar favoritismos antojadizos, desde el momento que se sobrepasan las exigencias regulares para adquirir derechos, tienen una clara finalidad. Su sesgo es político. De cada beneficiario se espera que en gratitud sume su voto electoral al prorroguismo del régimen de Morales.

Adicionalmente, es otro recurso del oficialismo para agredir a la clase media, que es de donde emergen los profesionales y funcionarios competentes. Hacer que se iguale al empobrecimiento de la mayoría poblacional del país. No le parece suficiente que el 80% de los bolivianos tenga que vivir ahora de la informalidad.

Corresponde, pues, ponerle punto final al tope de Bs 15.000 que impuso Morales al salario de los servidores públicos y eliminar la extorsión a los que ganan Bs 13.000 o más.