Jueces y fiscales comenzarán a declarar por caso de extorsión

Como estaba previsto, el Ministerio Público decidió convocar a jueces y fiscales que tuvieron alguna relación con los integrantes de la descubierta red de extorsión para establecer responsabilidades en un hecho que ha llegado a manchar la imagen del Órgano Ejecutivo y la administración de justicia.

Mañana deberán presentarse a la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz, el exfiscal Isabelino Gómez y el exdirector de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi), Boris Villegas, mientras existe otra nómina que no fue revelada para no entorpecer la investigación y evitar posibles fugas, según explicaron funcionarios que realizan el proceso en la capital oriental.

Entre los funcionarios públicos implicados en el caso de presunta extorsión al ciudadano norteamericano Jacob Ostreicher serían además: Janeth Velarde Luna, Álvaro La Torre, Javier Cordero y el juez Wilson Arévalo. Asimismo, el fiscal Roberto Achá aseguró que se presentará voluntariamente a prestar su declaración.

Ayer, tras maratónicas audiencias de medidas cautelares, el juez séptimo de Instrucción en lo Penal, José Zubieta, determinó la detención preventiva de cuatro exfuncionarios del Ejecutivo, entre ellos Fernando Rivera y Dennis Rodas que fueron remitidos a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y no así al penal de Palmasola.

También se aplicó medidas sustitutivas para Hugo Pedraza, Eduard Stepahene Bellido y Ramiro Ordóñez López, exfuncionarios de Dircabi, mientras Gustavo Céspedes y José Manuel Antezana se encuentran en la cárcel de Santa Cruz.

Sobre la determinación de detener a los principales acusados en dependencias policiales y no en el penal de Palmasola, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Henry Baldelomar, manifestó su extrañeza por la determinación y reiteró el comunicado emitido por el Ministerio de Gobierno al respecto.

“El Ministerio de Gobierno expresa su preocupación porque el fallo del juez en el caso de la red de corrupción y extorsión otorgó la detención en celdas de la FELCC a los dos principales sospechosos Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas Limachi, sin exigir una comprobación objetiva del supuesto riesgo sobre sus vidas alegado por los imputados”, citó.

Por su parte, el exfiscal Isabelino Gómez anunció que pedirá la suspensión de su toma de declaraciones, toda vez que para esta fecha tiene una citación previa para presentarse en la ciudad de Sucre, por un proceso disciplinario que se le sigue, por un presunto incumplimiento de deberes.

El caso de Villegas se complica, pues pese a que éste asevera que nunca tuvo nexo con este grupo, el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, lo responsabiliza directamente como sospechoso.

En la audiencia tembién se reveló que Rivera trataba a otros abogados con autoritarismo por su alto cargo y éstos acataban sus instrucciones, aunque no se dieron a conocer nombres.

En la clase política, la oposición exigió que se investigue no sólo a los funcionarios sino la revisión de cada uno de los casos en los que habrían estado implicados los asesores legales del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de la Presidencia y los jueces y abogados que sean encontrados con responsabilidad en el caso, ya que habrían aportado a la instrumentalización de la justicia con fines políticos además de ilícitos como sucedió con Ostreicher.

CASO INTERNACIONAL

Finalmente, llegó a esta sala de redacción copias de un documento en el que el socio de Jacob Ostreicher, el suizo Andre Zorty, habría pedido información clasificada a la Oficina Federal de Policía días después de la detención del norteamericano en junio de 2011. La respuesta fue que ni Zorty ni su empresa tenía ningún proceso o seguimiento por parte de la Policía internacional ni en los registros de la Ripol o base de datos que contienen alertas en toda Suiza sobre personas buscadas.

Ostreicher fue detenido cuando se investigaba el caso de supuesto lavado de dinero y vinculación con Maximiliano Dorado, que terminó con la incautación de sus bienes y derivó en el proceso de extorsión desde oficinas del Ejecutivo que ahora es investigado por las autoridades.