ANP ratifica preocupación por Ley de Seguro para periodistas

En contacto con EL DIARIO, el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, Marco Dipp, ratificó la preocupación que existe entre los sectores que representan al periodismo en Bolivia sobre la Ley que viabiliza un seguro de vida para los trabajadores de la información y advierte que aunque continúan con las mismas observaciones, el Gobierno apunta a aprobar la norma, sin hacer mayores modificaciones.

“Hemos intentado varios acercamientos con el Gobierno, pero las irregularidades continúan. No podemos aceptar que se imponga un seguro que además de ser manejado con instancias que no velarán por el interés de los periodistas, causarán un desmedro económico en las empresas privadas. No se puede fijar un monto sin conocer el universo de todos los periodistas”, citó.

A su turno, el director Ejecutivo de la ANP, Juan León, reiteró que la instancia “considera positiva cualquier medida que beneficie a los trabajadores en general, en el caso concreto de este proyecto de Ley de Seguro de Vida para los trabajadores de la prensa está plenamente de acuerdo, pero aún existen algunas partes de la norma que desvirtúa su espíritu”, informó.

Precisó que el proyecto de Ley “no delimita” la aplicación y los alcances de ese beneficio, porque en los medios de prensa también trabaja personal administrativo.

“Otra observación que hacemos es que es discriminatoria, porque dice que el seguro de vida será exclusivamente para trabajadores sindicalizados, pero la CPE estipula el derecho a la libre sindicalización y de hecho hay muchos trabajadores de la prensa que no son sindicalizados”, explicó.

Asimismo, cuestionó la creación de un fondo común, que será administrado por una comisión de nueve miembros, de los cuales, dijo “sólo” dos pertenecen a los medios de comunicación.

Agregó que el monto para cubrir ese seguro, que saldrá del 1% del ingreso bruto de las empresas, “duplica” los impuestos que pagan las empresas.

Finalmente, observó la diferenciación entre medios comunitarios, independientes, indígenas, entre otros, que aportarán sólo con 0.25% de sus ingresos anuales mientras que los privados, el 1%. Esta diferenciación aún es considerada “discriminatoria” por la ANP y la misma no está establecida de manera oficial en ninguna ley ni entidad a cargo.