Estampa de una época

País pobre, sometido a la voracidad de propios y extraños, expoliado por los cuatro costados, Bolivia en más de 150 años de vida independiente no encuentra la ruta que le señale un nuevo destino. Desde su lejano nacimiento, ha tenido en sus improvisados conductores a la clase rapaz, a la burocracia insaciable que carcome las entrañas de la Patria. Las arcas fiscales trocadas en hacienda de particulares, los puestos de la Administración Pública provistos con elementos pertenecientes al partido de turno, la libertad de prensa amordazada y cientos de políticos de la oposición a “buen recaudo”.

El período que llegó a su término (1978), no es más que la repetición cíclica de los 172 años de vida republicana. He aquí un cuadro de rápidas pinceladas.

Puertas que no se abren

Tras el encumbramiento del nuevo régimen, que sobrevino en agosto de 1971, los centros de enseñanza superior fueron clausurados por espacio de más de un año. Aparentemente, el móvil no fue otro que echar a los comunistas de las universidades del país, bajo los dictados de la doctrina de Seguridad Nacional.

Demás está señalar que se trataba de una experiencia nueva que ni en las negras noches del régimen movimientista (1952) se había dado, salvo la toma de las universidades al calor político, en franco atentado a la autonomía de las casas superiores de estudio. Tal vez por ello, lo que en principio pareció teoría aceptable, con el correr de los meses se convirtió en creciente preocupación de la ciudadanía. Así ocurrió que las familias pudientes enviaron a sus vástagos al exterior, a fin de que no sufran detrimento alguno en sus estudios. Se calcula en 1.500 el número de los emigrantes de nuevo cuño. Mas, los hijos de familias no pudientes (clase media, obreros y campesinos) tuvieron que expiar culpas de los políticos.

Un aporte peculiar

Entre las medidas adoptadas por el gobierno de entonces, hay una que llama a gracia. Por una simple disposición gubernamental, los gruesos sectores de la población (principalmente empleados públicos) debían aportar con el 1% de sus haberes al sostenimiento del Frente Popular Nacionalista (FPN), que estuvo integrado, como se sabe, por el MNR y FSB. Lo que en buen romance equivale a decir que el pueblo destinó parte del producto de su trabajo para el bolsillo de los políticos. Comprendí, entonces, por qué Víctor Paz Estenssoro no ocupaba cargo alguno, ¿para qué trabajar si el dinero cae del cielo?

Imagínese el lector, a cuánto ascenderían los ingresos por dicho concepto, que una contribución similar, el 1% de haberes mensuales, se destina para edificaciones escolares. Es decir tanto significaba mantener a políticos sin cargo como levantar colegios y construir centros de enseñanza elemental.

Tuvo que sobrevenir la devaluación del peso boliviano, medida que recayó sobre las espaldas de los trabajadores y funcionarios públicos en forma impía, para que el presidente Hugo Banzer y sus ministros acordaran dejar sin efecto aporte tan sui generis.

Desciende el nivel de la justicia

El mérito del gobierno de René Barrientos (1964-1969) descansó en que supo restablecer el prestigio del Poder Judicial de la Nación, designando en los cargos más importantes a distinguidos profesionales del foro.

A decir verdad, Alfredo Ovando continuó sustentando ese criterio. Pero triunfante la “revolución” de agosto de 1971 la divisa fue arrasar con todo. Y el tercer poder del Estado descendió a cero. La provisión de cargos, empezando de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta el último juzgado provincial, se hizo mediante cupos concedidos a los partidos integrantes del fraguado FPN.

Así, politizado el Poder Judicial, nada podía esperarse de su eficiencia y responsabilidad.