Declaración de jueces y fiscales develará los alcances de la red de extorsionadores

Hasta qué punto existe una directa injerencia del Ejecutivo en el Órgano Judicial a través de abogados y asesores legales, se conocerá a partir de las declaraciones de jueces y fiscales, que habrían tenido alguna relación en el proceso que se le siguió al estadounidense Jacob Ostreicher y que derivó en el descubrimiento de la red de extorsión.

Hoy, desde las 8.30 deberán presentarse a declarar en el Palacio de Justicia de Santa Cruz el exfiscal Isabelino Gómez y el exdirector de la Dirección de Bienes Incautados, Boris Villegas. En la lista de funcionarios públicos que deben declarar están Janeth Velarde Luna, Álvaro Latorre, Javier Cordero y el juez Wilson Arévalo, a quien Ostreicher acusó directamente de extrañamente haber cambiado una decisión favorable a su casusa en cinco días.

“Es difícil establecer todavía cuáles son los vínculos, por eso hemos categorizado este caso como red y se irán estableciendo las conexiones de la red con los nexos. Ahora se abrió un capítulo que vincula a funcionarios públicos. Ahora se establecerá si había vínculos con el nivel público y orden judicial. Serán importantes las declaraciones de este lunes y se aclarará en el curso de la investigación otros detalles”, destacó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

El ministro admitió que por el momento sólo se cumplió una primera fase de la investigación y no se han develado algunos aspectos que podrán ahondar las investigaciones.

Romero admitió que Fernando Rivera y Dennis Rodas, quienes tenían algunos poderes que los habilitaba para llegar a instancias legales y que se hicieron poderosos dentro el propio Ejecutivo, al punto que tuvo que obrar sigilosamente porque quienes ahora están detenidos en la Felcc conocían inmediatamente los pasos que daban las principales autoridades del Ministerio de Gobierno.

Hasta el momento sólo Ximena Fortún, hija del fallecido político Guillermo Fortún, se animó a dar detalles de otro caso de extorsión, mientras otras víctimas preferían callar o esperar tiempos propicios y garantías para expresar sus quejas.

“Si el propio Ministro tiene miedo y debe cuidarse, imagínese nosotros que hemos sido víctimas, quién nos garantiza que este caso se dé la vuelta, salgan esos viles personajes en libertad y busquen vengarse de quienes los denuncian. Ustedes creen que el Ministerio de Gobierno nos defenderá. Nada de eso. Primero que los envíen a Palmasola y les den su sentencia”, agregó una persona que se contactó con EL DIARIO y evitó dar su nombre, para relatar un caso de extorsión.

En tanto, Romero exteriorizó sus dudas sobre la actuación de jueces y fiscales y citó como en el caso de cese de una detención preventiva para Ostreicher se cambió el fallo cinco días después. “Habrá que ver si el juez fue presionado y si fue así, por qué lo hizo, son elementos que hay que aclarar. Inicialmente dijo que fue presionado. Se deben recibir las declaraciones”, expresó la autoridad de Estado al canal gubernamental.

Reiteró que están tras el caso desde hace varios meses y que se pidió un informe circunstanciado a Rivera y Rodas sobre el caso Ostreicher, que recibieron el detalle del caso, pero no se habló de irregularidades.

Romero admitió que para definir una agenda de investigaciones se reunió con el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos y luego con el actor Sean Penn, a quienes prometió una asistencia personal para atender en una clínica privada al norteamericano, dado el decaimiento en su salud.

Un primer elemento permitió a Romero esbozar algún juicio de valor se refiere al hecho que la red de extorsión operaba en procesos donde hay mucho dinero y temas relevantes más los elementos que están en juego, tal el caso del narcotráfico.

“Cuando hay retardación de justicia y se dilata el proceso, se permite mejores posibilidades de extorsión, entonces hay presión a autoridades judiciales o involucramientos”, declaró.