Acciones políticas y el accionar de la justicia

Innegablemente, vivimos bajo un sistema constitucional y legal de gobierno; no se puede decir que hay persecuciones o cárcel o campos de concentración con el estilo de tiempos del MNR, porque la Constitución tiene vigencia; pero hay una especie de psicosis en la población debido a algunas medidas que adopta el Gobierno, dizque “para sancionar hechos que habrían atentado contra el país”.

Mucho se acusa de acciones racistas y discriminatorias a quienes dicen o hacen algo y se pretende endilgar posiciones que lastiman u ofenden a determinados grupos del país; términos que nunca tuvieron sentido peyorativo, hoy tienen significado de insulto, de ofensa, de discriminación. Existe una especie de paranoia de persecución por lo que se dice o hace y la población vive cuidando lo que hace y dice porque surgen temores, recordando el estilo de los nazis, creyendo en posibles persecuciones, aunque no sea así en la realidad.

Otro es el caso de quienes, al haber sido acusados de faltas o delitos, de malversación de dinero del Estado o incumplimiento de deberes y responsabilidades, han sido apresados y confinados en las cárceles y sus antecedentes puestos a conocimiento de jueces. Hay casos de personas que purgan por delitos ciertos o ficticios, pasando años de encierro en cárceles, sin que juez alguno siga los procesos y, finalmente, se dicte sentencias de inocencia o culpabilidad; en fin, en la administración de justicia por lenidad, nomeimportismo, descuido, dejadez o simple irresponsabilidad, no se atiende ciertos casos puestos bajo su responsabilidad. Quienes se dice tienen cualquier tipo de culpa esperan indefinidamente que se les haga justicia.

Y cuando se trata de estos temas, no hay inclusión, ni de lejos, de quienes hubieran intervenido en acciones terroristas o hubieran sido violadores o criminales consuetudinarios o narcotraficantes; este grupo está muy fuera de las angustias y preocupaciones de la colectividad, porque se trata de “grupos especiales de delincuentes” que deben ser procesados y condenados con la severidad que señalan las leyes.

Las angustias de la población radican en quienes se cree, se dice, se rumorea, se les endilga que hayan cometido faltas de alguna especie. Y esto merece atención no sólo de las autoridades sino de los tribunales de justicia que, se entiende mediante los fiscales y jueces, deberían tener intervención para conocer los diversos casos.

En el país no se debería vivir en zozobra, bajo el temor de ser acusados, perseguidos o apresados por cualquier razón o sinrazón o, simplemente, porque se dice que son opositores, como si ser opositor a un régimen o no estar de acuerdo con él tuviese algo de delictivo. El Gobierno se propuso en enero de 2006 administrar el Estado a favor de todos los bolivianos sin distinción alguna, salvo en los casos en los que se haya violado gravemente las leyes y la Constitución. Justamente por atender y honrar a sus propósitos anunciados, debería actuar de consuno con la equidad, ecuanimidad y justicia precisos, evitándole a la población situaciones de angustia y de vivir con una especie de “espada de Damocles” sobre sus cabezas, por temor a que su tranquilidad sea violentada.

Un sentido de elemental justicia obliga a las autoridades a declinar tanta sospecha y suspicacia sobre lo que dicen sus áulicos que existen en el país, cuando la realidad es que todo el pueblo busca que la paz y la concordia reinen en todo momento.