Los casos relacionados con Guillermo Fortún o el Porvenir, donde se implica al exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, habrían tenido la participación de los abogados de dos ministerios implicados en la red de extorsión, según apreciaciones de Gustavo Torrico y Marcos Farfán.
Entretanto, los familiares y allegados políticos de los encausados exigen profundizar la investigación y que éste permita conocer los alcances e injerencia de este grupo, dentro de los que se ha venido a denominar “la judicialización de la política”.
Cabe recordar que el Ministerio de Gobierno tuvo cuatro gestiones con Alfredo Rada, Sacha Llorenti, Wilfredo Chávez y Carlos Romero. Aún no se ha establecido cuál de estas autoridades contrató o recomendó a Rivera y Rodas, pero en criterio del exviceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, hubo algún aval político.
Para el diputado de Convergencia Nacional (CN), Andrés Ortega, el grupo empezó organizando acciones de persecución política “y se dieron cuenta del poder que les había dado el Gobierno para romper el debido proceso”.