Ordenan la detención del ex fiscal Isabelino Gómez por caso extorsión

“No hice absolutamente nada, soy absolutamente inocente de todo lo que se me está implicando. El doctor Enrique Montaño me acusa de una supuesta extorsión que está en un video y no tengo nada que ver”, dijo, antes de ingresar a la sala de pre embarque del aeropuerto Juana Azurduy de Padilla rumbo a Santa Cruz.

En el aeropuerto de El Trompillo apareció antes de que cayeran las primeras sombras de la noche con una camisa verde y rostro preocupado. No pudo hacer ninguna declaración, porque fue trasladado a las oficinas de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen.

Hace dos meses estaba en la lista de 61 candidatos al puesto de Fiscal General de Estado y hoy está tras rejas, con el rostro de preocupación, hipertenso y sin ánimos para hacer ninguna declaración.

Tenía tres decenas de denuncias en su contra hechas por internos de Palmasola, todas esas acusaciones tenían un denominador común: extorsión. El fiscal asignado al caso, Enrique Montaño ordenó la aprehensión de Isabelino Gómez por el caso de Pedro Crecensio Pinto.

Vestido de traje y corbata se presentó ante el juez y mientras era conducido a la Fiscalía evitó dar declaración alguna a los medios de prensa que le repetían la pregunta: “qué tiene que ver en estos casos de extorsión” o “se declara usted inocente”.

Gómez fue detenido por varias horas en las oficinas de la Felcc, de Sucre, de dónde salió custodiado por dos efectivos de seguridad que lo subieron a una camioneta policial, que fue escoltado por una patrulla hasta la terminal aérea.

Las declaraciones del detenido en Palmasola, Gustavo Céspedes Rosales, inclinaron la balanza en contra del exfiscal.

Gómez era parte, se dice, del círculo conformado por Rivera y Rodas, un hombre de confianza. “Quiero aclarar que el exfiscal de Distrito, Isabelino Gómez, tenía una afinidad estrecha con Denis Rodas y Fernando Rivera ya que él hacía todo lo que le pedían, inclusive se reunían en el despacho del fiscal de distrito”, declaró Céspedes quien recuerda que llevaba a Rivera en su vehículo hasta el despacho de Gómez.

Cuenta que en el caso del ex teniente Navia, Rivera determinó el cambio de un fiscal, llamado José Parra, porque no estaba de acuerdo con su desempeño.

“Esta detención la considero injusta, voy a asumir mi defensa y la supuesta extorsión la desvirtuaremos en la defensa. Me trataron bien y no tengo ninguna queja, lo que quiero es un trato justo y que se haga justicia”, dijo a la grabadora de la agencia ABI, antes de emprender el vuelo a Santa Cruz.

El traslado de Sucre a Santa Cruz estuvo a cargo del jefe de División de la Felcc, Juan Pablo Seguane, éste adquirió tres espacios en el vuelo regular de Aerocon hacia Santa Cruz para trasladar al imputado, junto a Gómez iban dos agentes

El abogado Wilfredo Mariscal dijo que la detención de su cliente (Gómez) no tiene relación con el caso del judío-estadounidense Jacob Ostreicher.

“El doctor fue aprehendido por una orden de una autoridad competente, que es el representante del Ministerio Público, y será dispuesto a un juez cautelar para que definan su situación jurídica y ahora estamos empezando la etapa preparatoria de la defensa”, argumentó.

Mariscal ratificó que su cliente está delicado de salud debido a un sobrepeso e hipertensión arterial y requiere atención médica.

Acusado por los delitos de cohecho pasivo propio y uso indebido de influencia, Gómez recibió un batacazo en el momento en que creía que su vida profesional estaba en permanente ascenso.

Mientras Gómez vivía sus primeras horas de privación de libertad se multiplicaban las denuncias en los medios de comunicación. Habría amenazado al entonces juez de instrucción en lo penal Zenón Rodríguez con la expresión: “si no revocas el fallo, te vas a la cárcel”. También habría extorsionado a los familiares de Pedro Cresencio Pinto, hoy preso por un presunto caso de violación.

Mientras Rodas, Rivera, y ahora Isabelino Gómez, esperan pasar los días de detención preventiva en la Felcc, crecen las opiniones respecto a una especie de favor a los imputados, porque los abogados consultados señalan que éstos deben cumplir su pena en una cárcel pública ya que la ley establece ser trasladado a un recinto penitenciario del lugar o en su defecto se debería conducirlos a centros penitenciarios próximos.

Los ex fiscales Javier Cordero, Robertó Achá, Harry Suaznábar, Félix Peralta, Janeth Velarde, Álvaro La Torre. Además de jueces de Santa Cruz como Wilson Arévalo, y el ex director de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Moisés Aguilera, aparecen en la nómina de quienes deben decir cuan lejos o cerca estuvieron de Rivera y Rodas.

Éstos, presuntamente, ejercían presión y extorsión, se inmiscuían en casos donde el Estado nada tenía que ver y su posición era cada vez más sofocante para muchos jueces.