Según la versión del abogado de la familia, los supuestos culpables estarían encarcelados en San Pedro pero se corre el riesgo que salgan en libertad.
Cándido Padillo, abogado de la familia de una menor que habría sido víctima de secuestro, violación, tortura y posterior asesinato solicitó a la Fiscalía cumplir con la acusación formal y juicio oral de tres implicados quienes estarían actualmente en centros penitenciarios a punto de salir en libertad.
De acuerdo con la versión del entrevistado, la menor de 13 años habría sido secuestrada por los presuntos autores del delito el mes de marzo pasado en la localidad de Apolo, los presuntos autores del hecho serían los propietarios del domicilio donde ella habitaba. Se conoce también que habría aparecido muerta a los cinco días de este hecho en una vía pública con indicios de haber sido flagelada, violada y mutilada.
Luego de presentar la denuncia ante las autoridades policiales, según el relato del abogado, los familiares estarían siendo amenazados y perseguidos con la finalidad de que retiren la denuncia, por lo que se requiere que los representantes del Ministerio Público puedan garantizar que este proceso no sea suspendido.
Padillo aseguró también que las personas acusadas estarían actualmente recluidas en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz sindicadas por los delitos de asesinato seguido de vejaciones.
“Conforme a los datos de procedimiento, corresponde que se lleve adelante la acusación y el juicio oral de lo contrario se corre el riesgo de que las personas sindicadas sean absueltas, dejando en la impunidad a estas tres personas, bajo la excusa de que el fiscal a cargo, Leopoldo Ramos, no cumple con los tiempo procesales ni los procedimientos judiciales, dejando en indefensión a la familia de la víctima”, afirmó.
La defensa de la menor dio a conocer su preocupación porque a la fecha el representante del Ministerio Público seguiría dilatando el proceso dejando postergado el juicio oral sin que se cumpla lo estipulado por el Código de Procedimiento Penal y las normas judiciales.
Padillo indicó además que luego de la desaparición de la menor y encontrar su cuerpo después de haber sido secuestrada, el Ministerio Público, en la audiencia de medidas cautelares, habría indicado haber encontrado suficientes indicios de convicción que hacen presumir que ellos son los autores del presente delito. “Por lo cual se debe efectuar la imputación formal y la detención de estas personas”, aseveró.
Por su parte, los familiares de la menor, acongojados por la pérdida, decidieron realizar esta denuncia a los medios de comunicación mostrando las fotos de la niña como prueba de que un conflicto de terrenos concluyó con una venganza criminal que acabó con la vida de una menor de 13 años, delito por el cual deben ser procesados tres responsables quienes aún no cuentan con una pena por su falta.
Entretanto, la responsable de la Defensoría de la Niñez en Apolo, Luz Marina Sanabria, aseguró que luego de haberse efectuado las actuaciones correspondientes junto con la Policía y los investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se habría logrado confirmar que las tres personas han sido identificadas como las responsables del delito, mismo que de forma posterior pudo ser demostrado científicamente por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
“El proceso al momento está estancado por responsabilidad del propio Instituto de Investigaciones Forenses en Apolo, quienes argumentan que supuestamente sus equipos están paralizados y no se concluye con los informes de laboratorio del caso 18, por lo menos eso se tenía en el mes de octubre”, explicó la responsable de la Defensoría.
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