Fabiola Furuya, representante de la Confederación de la Prensa, confirmó que esta organización rechaza las últimas modificaciones efectuadas por el Gobierno a la Ley de Seguro de Vida y Enfermedades para Trabajadores de la Prensa debido a que pretende anular la participación y decisión de las organizaciones en la administración de los recursos.
De acuerdo con la representante, el Gobierno, con el aval de Boris Quisberth quien se mantienen de manera ilegal a la cabeza de la Federación de la Prensa en La Paz, permitió que los recursos a ser recabados por los medios de comunicación, el 1% de los recabado por concepto de publicidad, destinados al seguro de los periodistas sería administrado y definido en mayoría por el Ejecutivo con una mínima representación sin decisión por el sector de los trabajadores.
“Nosotros como Confederación de la Prensa, en su momento hemos estado apoyando la Ley, con la finalidad de que sea destinado en favor de los trabajadores, ahora nos pronunciamos porque no estamos de acuerdo con las modificaciones de la norma en favor del Gobierno”, indicó.
Según el relato de Furuya, en el artículo 12 de la mencionada norma se asegura que el Concejo Directivo definirá dónde y cómo invertir los recursos, la licitación de la empresa y otros factores que están referidos al manejo de los recursos, lo que antes estaba conformado por tres representantes del Gobierno y tres representantes de los trabajadores de la prensa además de un representante de la parte empresarial.
“Pero ahora se modifica esto, otorgando sólo un representante a la dirigencia de la Confederación de la Prensa y el resto está en manos del Gobierno y uno de los representantes de los empresarios. Por lo tanto, los representantes de la prensa ni siquiera seremos escuchados porque no lograríamos ser mayoría y no tenemos poder de decisión, es por eso que estamos en estado de emergencia”, confirmó Furuya.
De acuerdo con la representante de los periodistas de El Alto en la Confederación, en los próximos días harán conocer a los senadores su descontento con la modificación de la norma, que permite que el Gobierno sea quien administre dichos recursos sin lograr que por lo menos exista un aporte Estatal.
“Es por eso que pedimos que se reconsidere esa modificación, porque como sector calificamos de incoherente eludir nuestra representación, con la complicidad de un supuesto dirigente como es Quisberth de La Paz. Además entre las observaciones que damos a conocer es que esa directiva decidirá sobre los remanentes del seguro de vida, cuando la representación de los beneficiados es casi nula”, lamentó Furuya.
De acuerdo con Furuya la Ministra de Comunicación Amanda Dávila dio a conocer su posición de no aceptar la modificación de la norma a pesar del malestar que expresa los propios trabajadores de la prensa, con el riesgo de aprobar, sin modificaciones, la mencionada Ley.
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