Bolivia gana protagonismo en la Corte de La Haya, observando el diferendo marítimo entre Perú y Chile. El Gobierno chileno ya comienza a reacciona y asegura que el país no podrá acudir a esa instancia por una disposición en el Pacto de Bogotá firmado en 1948 y que establecería la imposibilidad de tratar controversias bilaterales anteriores a esa fecha, tal es el caso del Tratado de 1904.
Además, Bolivia no habría suscrito “en su momento” el Pacto de Bogotá, como cita la ministra Secretaria General del Gobierno chileno, Cecilia Pérez.
“El Pacto establece claramente que no se pueden observar temas pendientes anteriores a 1948 y el Tratado (de Paz y Amistad) entre Chile y Bolivia es de 1904, pero eso hay que verlo en su momento, la postura de nosotros es que no tenemos temas pendientes con Bolivia, que está clarísimo lo que señala el Tratado de 1904 y veremos en su minuto cual va a ser nuestra respuesta”, dijo a El Mercurio de Chile.
Para el investigador Víctor Hugo Chávez, la Corte Internacional de Justicia de La Haya es el mecanismo reconocido por el propio Tratado de 1904 y el hecho que el Pacto de Bogotá fuera firmado décadas después no quita derecho al primero.
Chávez reiteró en varias oportunidades que el 16 de abril de 1907 se firmó el Protocolo de Sustitución de arbitraje entre los gobiernos de ambos países “teniendo presente que su majestad, el Emperador de Alemania, no ha aceptado la designación que de él se hizo en el artículo XII del Tratado de Paz y Amistad concluido y firmado entre Bolivia y Chile el 20 de octubre de 1904, para que actuase como árbitro en todas las cuestiones que llegaren a suscitarse con motivo de la inteligencia y ejecución de dicho pacto, han convenido en designar a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya para que entienda, si el caso se presentara, en las referidas cuestiones (…)”
Bolivia, tras el anuncio del presidente Evo Morales el 23 de marzo de 2011 de instaurar una demanda internacional a Chile para buscar una salida soberana al océano Pacífico, decidió ratificar el Pacto de Bogotá mediante una Ley del Estado que fue aprobada semanas después del anuncio del mandatario.
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