Los anuncios que proliferaron hace pocos meses sobre la urgencia de reestructurar o reorganizar totalmente la Policía boliviana, tienden a perderse en el tiempo de los olvidos o, peor, de las conveniencias. Muchas veces, desde enero de 2006, se anunció que los cuadros policiales responderían a nuevos planes de funcionamiento; que los mandos serían elegidos conforme a méritos y valores; que se investigaría todos los casos de corrupción; que se establecería verdades en relación con “policías fantasmas” (denunciados en su momento por un comandante de la entidad) y otras medidas que, lamentablemente, no tienen visos de concretarse.
Entretanto, la delincuencia, los crímenes, las violaciones, los asaltos y otros extremos se incrementan y, lo más censurable, es que la Policía casi siempre está ausente cuando es requerida o hace poco por cumplir con sus deberes y obligaciones.
El Ministro de Gobierno anunció en repetidas oportunidades que la reorganización se la haría en el menor tiempo; sin embargo, pasados los momentos críticos, se contentan las partes con promesas internas y no se producen los cambios anunciados. Hace pocos meses un buen sector policial, con el estilo de sindicato, prácticamente se amotinó y el país quedó a disposición de la delincuencia. Los arreglos que hubo consistieron, simplemente, en el pago de Bs. 100 por cada policía y no hubo incremento de haberes conforme se solicitaba. Entonces se anunció hasta el cansancio la reestructuración, pero nada ocurre hasta ahora.
Internamente hay muchos problemas que van desde faltas y delitos en la Escuela de Policías hasta denuncias comprobadas sobre complicidad en hechos dolosos y hasta violaciones por parte de miembros de la entidad policial; sin embargo, nada se hace. ¿Qué ocurre con el Gobierno o, más específicamente, con el Ministerio encargado de la entidad policial? ¿La tantas veces anunciada reestructuración o reorganización fue simplemente para salir del paso ante las dificultades y no hay siquiera la intención de cumplir lo prometido? ¿No es el Gobierno el que en primera instancia siente las consecuencias de una Policía que no cumple debidamente sus funciones? ¿Es que la población debe estar siempre indefensa ante los hechos denunciados sobre delincuencia y criminalidad en todo sentido?
El Estado no puede estar en permanente indefensión ante situaciones difíciles que crean cuadros policiales que no tienen autoridad porque sus mandos no responden a las políticas del Gobierno. Hay preguntas que merecerían respuestas claras, contundentes y definitivas; de otro modo la responsabilidad de todo lo que ocurre en el ámbito de seguridad ciudadana será exclusiva de las autoridades, por no cumplir sus promesas de reestructurar los cuadros policiales.
Una reorganización que debería hacerse desde sus cimientos, con cambios de mandos que respondan debidamente a las urgencias y necesidades del país. Ojalá que el Gobierno adopte las medidas precisas para cumplir sus promesas que, en principio y posteriormente, beneficiarán al mismo régimen que podrá administrar el país en planos de tranquilidad y combatiendo debidamente a la delincuencia, al margen de lo que se haga en la lucha contra el contrabando, la corrupción, el narcotráfico y otros males mayores.
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