Una de las facetas más vergonzosas que vive el Estado boliviano (antes Nación o República) es la situación de verdadero “encarcelamiento” en la que, junto a sus padres, se encuentran más de 1.400 niños en lo centros penitenciarios del país, donde, además, carecen de las mínimas atenciones de parte de las autoridades encargadas de atender esos locales que, por lo demás, se encuentran atestados de reos, la mayoría de los cuales no tiene sentencia.
Agravando esa situación, las cárceles donde se alojan más menores de edad son aquellas donde se registran problemas colectivos, como los recintos de San Antonio y San Sebastián de Mujeres (Cochabamba) y San Pedro, Miraflores y Obrajes (La Paz). El Penal de Palmasola es uno de los más temibles.
Esos cientos de niños viven junto a sus padres y comparten las mismas celdas donde se alojan otros reos, padeciendo en esa forma las condiciones de vida más lamentables. Los niños ingresan a las prisiones con sus padres o sus madres y, en esa forma, pagan condenas de delitos en los que nada tuvieron que ver. Algunas veces salen de la cárcel para asistir a escuelas públicas y después de algún tiempo se dedican a actividades individuales, aunque teniendo siempre como vivienda el recinto carcelario.
La situación de esos niños es particularmente grave en la cárcel de San Pedro de La Paz, donde están hacinados alrededor de 2.500 presidiarios, parte de más de 13.000 que existen en todo el país. Junto a esa población viven en ese recinto 250 niños, niñas y adolescentes que están condenados a mantenerse ahí en vista de que no tienen dónde vivir ni quién los atienda.
La posible solución para la vida de esos niños de entre 5 y 15 años no ha podido ser encontrada, pues los internos se opusieron a esa medida porque los niños no tienen a dónde ir a vivir, no gozan del cariño y protección de sus padres y quedan en el abandono. Un proyecto que aliviaría este problema fue propuesto por el Ministerio de Educación, que afirmó que se podría mejorar 14 centros de educación y la construcción de locales dentro de las cárceles para que los niños “puedan estudiar mejor”, aunque no significaría que el asunto en general sea resuelto.
El aspecto más vergonzoso de este estado de cosas es que los menores deben convivir con elementos de malos antecedentes y crean un ambiente poco deseable para la formación moral y espiritual de los niños y niñas. Indudablemente, ese medio podría crear aspectos negativos para la conducta de estos infantes, al aprender un leguaje típico de esa clase de agrupaciones y adaptarse a costumbres poco aceptables, las mismas que después practicarían en la vida corriente. De otro lado, tienen alimentación de baja calidad y cantidad, lo que afectará en el futuro su salud física.
El Gobierno presta poca o ninguna atención a este lacerante asunto, aunque entre tanto adquiere un avión por 40 millones de dólares, helicópteros por otros 10 millones de dólares, construye un “museo” de 5 millones de dólares en Orinoca, compra un satélite por otros 300 millones de dólares, así como hace otros gastos dispendiosos. Mientras tanto, esa niñez está condenada a vivir muriendo.
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